Las Provincias

Pobre legislatura

Han transcurrido casi seis meses desde la investidura de Rajoy y el balance legislativo es paupérrimo. No existe sensación de inestabilidad política, y ello facilita el desarrollo económico y social, pero la parálisis legislativa terminará pasando factura, al margen de que, cuando se normalice del todo el actual equilibrio -cuando el PSOE elija secretario general-, haya que resolver la incertidumbre de fondo que preside la legislatura. Una legislatura en que PP y Cs reúnen sólo 169 diputados y las formaciones nacionalistas catalanas están por ahora al margen del juego estatal.

Lo cierto es que, desde el arranque de la legislatura, el parlamento ha sacado adelante una única ley (la trasposición de una directiva comunitaria sobre restitución del patrimonio cultural exportado ilegalmente). En este tiempo, el Gobierno ha registrado cinco proyectos de ley en el Congreso, el de los Presupuestos, uno sobre precursores de explosivos y otros tres que trasponen normativa comunitaria. Ha sido más activo con los decretos leyes: ha sacado adelante una docena, todos ellos de trámite y encaminados a mantener en funcionamiento las instituciones, y sólo ha embarrancado el de la estiba.

Con todo, lo relevante de lo que llevamos de legislatura es que la oposición se está disponiendo a sacar rédito de la situación minoritaria del Gobierno -las minorías han presentado ya 73 proposiciones de ley-, y hay planteadas propuestas encaminadas a revisar las principales leyes populares de la legislatura anterior. De momento, sin embargo, ha quedado claro que tales reformas no son sencillas porque la oposición es heterogénea y no será fácil que consiga acuerdos unánimes. En materia de educación, la que más interés ha suscitado por la necesidad de generar el primer consenso educativo de la democracia, ya se ha visto que es mucho más fácil detectar los defectos de la norma vigente que elaborar otra que satisfaga todas las sensibilidades. El Gobierno, por su parte, es lógicamente reacio a cualquier cambio, sobre todo en las normas económicas que a su juicio están en el origen de la recuperación actual.

Para defenderse de las minorías, el Ejecutivo esgrime el artículo 134.6 de la Constitución, que dispone que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». Con todo, la posibilidad de que el parlamento acepte tales vetos es nula y el Constitucional tendrá que intervenir antes o después. Pero el problema no es jurídico sino político. La acumulación de casos de corrupción dificulta la cooperación parlamentaria entre gobierno y oposición. Y es claro que el PSOE se convertirá en elemento central de la estabilidad en cuanto celebre sus primarias porque del centro-izquierda dependerá en gran medida que el PP rentabilice o no el cuatrienio.

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