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Crisis en servicios sociales

AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA

Domingo, 26 de febrero 2017, 00:30

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El Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha realizado un informe sobre los servicios sociales generales que deberían conocer con detalle toda la clase política valenciana. Empezando por los representantes del PP que andan preparando sus congresos regionales y terminando por la vicepresidenta Oltra, nuestros representantes políticos deberían leer este trabajo recientemente publicado.

El informe parte de la visión de los equipos profesionales municipales, analiza el impacto de la crisis 2008 y considera que el enfoque multidimensional es básico para entender las causas y consecuencias del crecimiento de la pobreza y la desigualdad. No simplifica los diagnósticos como hacían quienes antes de gobernar culpaban a los populares de la pobreza y ahora estando en el gobierno no saben cómo afrontar el tema con responsabilidad. Después de casi dos años de gobierno, los firmantes del Pacto del Botánico siguen sin saber cómo promover políticas sociales que contribuyan al fomento de la cohesión social, eliminen las desigualdades y activen mecanismos distributivos para disminuirlas.

El informe plantea una revisión del modelo actual de servicios sociales incidiendo en los principios de proximidad, flexibilidad y responsabilidad pública. Lo que no significa que las administraciones públicas renuncien a su responsabilidad sino todo lo contrario, obliga a que colaboren y cooperen con todos los actores del sistema. Hay una serie de recomendaciones que, a nuestro juicio son prioritarias y que se han detectado en todos los informes recibidos. En primer lugar, la prevención, la anticipación y la intervención, de nada vale volver a modelos asistencialistas, paternalistas o beneficentes. Por eso, la improvisación es mala consejera. Lo que significa la necesidad de planificar en términos plurianuales y establecer programas sólidos donde todos podamos trabajar establemente a largo plazo. Trabajar con los presupuestos anuales y con criterios de técnicos de excell que desagregan programas, variables y factores es un error metodológico, administrativo y político.

En segundo lugar la agilización de los procedimientos y la gestión. Resulta absurdo que la Agencia Tributaria tenga capacidad para actuar de manera eficiente y las Agencias de Servicios Sociales no tengan digitalizada la información de usuarios, pacientes o familias. La gestión de las ayudas y las prestaciones sigue estando condicionada política, administrativa y burocráticamente. La tramitación de los expedientes en servicios sociales también ser sometida a los criterios de eficiencia, transparencia y agilidad, por eso el informe señala la necesidad de una coordinación interadministrativa actualmente inexistente. También se señala la necesidad de implantar una cultura de la evaluación sin ella no conseguiríamos encontrar lo que ahora falta: unir responsabilidad y solidaridad.

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