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Liberalizar la estiba

El Gobierno aprobó el decreto exigido por Bruselas pero el Parlamento y la negociación colectiva podrían introducir mejoras

PPLL

Sábado, 25 de febrero 2017, 00:11

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El Gobierno aprobó ayer el real decreto ley de liberalización de la estiba, sin contar con la aquiescencia del sector y bajo la amenaza de una dilatada huelga ya convocada. Tampoco tiene por ahora el Ejecutivo apoyos en el Parlamento para convalidar dicha norma. El trabajo portuario de carga y descarga -la estiba- está sujeto a una estricta regulación que no se asemeja a la de ningún otro sector y que ha sido inapelablemente desautorizada por la Unión Europea a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de diciembre de 2014 (en 2016, ante la pasividad española, la Comisión volvió a llevar al caso a la Corte). La demora en auspiciar la reforma está siendo sancionada con una multa creciente que podría llegar a los 134.000 euros diarios. Actualmente, las empresas operadoras han de adscribirse a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEB), reconocidas por la Ley de Puertos y únicas que pueden contratar a los trabajadores, que son 6.150 y forman un coto cerrado. El decreto en curso, que cuenta con el visto bueno de Bruselas, liberaliza la contratación paulatinamente a lo largo de tres años, al cabo de los cuales se impondrá en teoría la plena libertad mercantil. Los trabajadores temen que esta liberalización conlleve grandes recortes salariales. El margen de las instituciones españolas ante la exigencia comunitaria es escaso, por lo que las presiones de los trabajadores y de las fuerzas políticas que los amparen difícilmente darán frutos, como no sea el de mantener el incumplimiento. La única vía para mitigar el conflicto, además de ampliar quizá el plazo de implementación del decreto a cuatro o cinco años, sería la negociación social, si los trabajadores -agrupados en la mayoritaria Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar- y la patronal de la estiba logran encarrilar una negociación fecunda que preserve salarios y asegure la estabilidad de los empleos, que el Estado podría propiciar.

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