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Memoria histórica selectiva para Valencia

VÍCTOR JULIO MAESTRO CANO ABOGADO. AUTOR DE 'REPRESIÓN REPUBLICANA EN VALENCIA. JULIO DE 1936'

Miércoles, 8 de febrero 2017, 23:45

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La Generalidad Valenciana tiene ya su anteproyecto de Ley de memoria histórica. Este juguete político de la izquierda española llamado memoria histórica ha de usarse también para pisotear la historia de Valencia y la memoria de los asesinados por los republicanos y la II República durante la Guerra Civil española. Todo 'gobiernito' español precisa de su sentido de divinidad y como un todopoderoso 'crear' su historia.

Este anteproyecto valenciano se camufla bajo ampulosas expresiones de «espíritu de reconciliación, integración, concordia y de respeto al pluralismo», para luego referirse a aquellos que «lucharon contra la dictadura en defensa de las libertades y derechos fundamentales», silenciando a aquellos que lucharon contra un Frente Popular que atacó a las libertades y derechos fundamentales de los españoles y de los católicos.

Esta memoria que pretende legislar afirma que «abarca la Guerra Civil y la dictadura franquista» olvidándose de que en esta tierra, los valencianos no fueron víctimas de la Guerra Civil sino de las autoridades de la República, así como de todos aquellos valencianos que fueron víctimas de la violencia durante la misma República antes del inicio del conflicto. Así, si pretendieran ser aparentemente más justos, debieran indicar que «abarca la II República y el franquismo». Pero en valencia, a cientos de kilómetros de los frentes de batalla, al parecer mató la guerra, no los milicianos de UGT, PSOE, CNT, PCE... ¿Esto es reconciliación? Para que no quede duda de contra quién va esta norma, también dice que especialmente considera a las personas que sufrieron privación de libertad «por su defensa de la II República o por su resistencia al régimen franquista». O sea, que especialmente protege a torturadores y represores que durante la guerra, en defensa de la II República, encarcelaban a carlistas, derechistas, católicos, falangistas, sacerdotes o monjas en las prisiones republicanas, así como a quienes a estos colectivos los llevaban a las checas o centros de tortura. Pero eso sí, lo hacían para defender la República. Para redondear su norma de antirreconciliación, también se da una consideración especial a los partidos y sindicatos represaliados por el franquismo, silenciándose a todos los partidos y sindicatos que fueron prohibidos y represaliados por la Segunda República, ya antes del inicio de la guerra civil.

Es más, este anteproyecto hace una «condena explícita del régimen franquista», pero no hace lo mismo frente a la república que asesinó a miles de valencianos. Es obvio que para el actual Gobierno valenciano los muertos durante el franquismo (aunque fueran asesinos, torturadores o violadores) merecen un mejor tratamiento que los asesinados por los republicanos (aunque fueran ancianas o niños).

Y mal empezamos con su artículo 2, en el que reconoce el «derecho a conocer, a la luz del principio de verdad». Afirmación hermosa si no fuera porque me trae a la memoria al cobarde Pilato, «¿y qué es la verdad?». La verdad para Pilato fue que Jesús fue asesinado. Con estos antecedentes mal veo el trato que dará la Generalidad Valenciana a aquellas entidades memorialistas (que la ley insta a crear) que predenten defender la memoria de los que fueron víctimas de la represión republicana en Valencia, antes y durante la Guerra Civil. ¿Admitirán los lugares que fueron checas o cárceles republicanas como «lugares de la memoria» de los que va a crear? ¿Pondrán una placa en la Torres de Quart indicando que fue checa y cárcel de la II República? ¿Repondrán la cruz de los caídos en la playa de El Saler? Me da que los asesinados por la II República les parece justamente asesinados.

Triste es que en pleno siglo XXI aún se haga esta represión ideológica y de memoria contra los asesinados por la república. Lamentable es que a eso lo llamen historia. Para que no quepan dudas de su carácter represivo y revanchista, el anteproyecto impone la prohibición pública de objetos e insignias en conmemoración de la sublevación de 1936 y del franquismo o de las organizaciones que lo sustentaron. Supongo que ello, en congruencia con la ley, debiera suponer la prohibición de la bandera rojigualda, que es la que recuperaron los malísimos sublevados al recuperar la tradicional bandera española. ¿Prohibirán como insignia la cruz que empleaban los sublevados y los asesinados en la zona republicana?

Curiosamente, lo único que me gusta de dicho anteproyecto, y que sí que unirá a ambos bandos, es la declaración del día 28 de marzo como día de homenaje a las víctimas. Mientras las autoridades políticas conmemoran a un régimen de terror, los familiares y descendientes de los represaliados y asesinados por la Segunda República podrán celebrar ese día la liberación de Valencia del terror rojo y la recuperación de la libertad religiosa.

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