Las Provincias

Una marcha obligada

La presión de la opinión pública y probablemente del propio Gobierno de Mariano Rajoy ha frustrado la pretensión de Federico Trillo de enmascarar su salida de la Embajada de España en Londres en el vértigo del relevo masivo de representantes diplomáticos que tendrá lugar de manera inminente. El respeto debido a la dignidad de las víctimas del Yak-42, una vez conocido el informe del Consejo de Estado que responsabiliza políticamente al Departamento de Defensa de la desidia que posibilitó aquel siniestro aéreo, exigía una dimisión o una destitución explícita que diera a entender que el Ejecutivo participaba de la indignación general. No ha habido dimisión o destitución explícita, sino el adelanto de la marcha de Trillo de Londres, lo que no puede dar completa satisfacción a las familias de los fallecidos. Al conocerse el informe del Consejo de Estado, emitido por una institución que se halla por encima de toda sospecha y presidida por José Manuel Romay Beccaria, la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, tuvo la sensibilidad de atender debidamente a los familiares de los 62 militares fallecidos en aquel siniestro, doblemente heridos por la desaparición de sus deudos y por la inconcebible confusión de sus restos mortales que también auspició la incompetencia ministerial. Y no podía ser que Cospedal atendiera los requerimientos de información y satisfacción moral de aquellas personas agraviadas y que Trillo permaneciese como embajador cuando tenía sobre su cabeza la responsabilidad política, ahora recalcada de forma incuestionable, de la tragedia. Trillo, que fue presidente del Congreso de los Diputados en la primera legislatura de José María Aznar y ministro de Defensa en la segunda, es, por oposición, letrado del Consejo de Estado, pero sería un contrasentido político que, después de su reprobación política, fuese como funcionario a prestar sus servicios jurídicos al mismo alto organismo que le ha puesto en evidencia y ha forzado su marcha.

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