Las Provincias

¿Hay vida después de la muerte?

Pues depende. Si estuviéramos hablando de la muerte 'de verdad', de esa que nos aguarda vestida de blanco a la salida de una curva cerrada en una noche lluviosa, tras una punzada en el costado seguida de un sudor frío, o en la forma de un hueso de aceituna atravesado en la garganta, la respuesta sería un dubitativo «no lo sé». Pero si vamos a hablar de ese otro tipo de muerte que de unos años a esta parte tanto ha diezmado a nuestra clase política, de esa que te llega a la mañana siguiente de haber leído tu nombre en los titulares de prensa o de haber recibido una citación de los juzgados, en forma de llamada telefónica de tu secretario general -«te tengo que pedir por favor que renuncies tu escaño»-, o de fría misiva de tu secretario de organización -«debo informarle de la apertura de un expediente informativo»-, la respuesta es rotundamente negativa: de la muerte política nunca se vuelve.

Es un hecho: nadie ha retornado nunca al primer plano de la vida política después de haber sido condenado por un escándalo de corrupción. En un país que en las últimas décadas ha hecho denodados esfuerzos por civilizar su sistema penal, nos hallamos con que el puritanismo dominante ha hecho que en el ámbito de la política ni prescriban los delitos, ni se tengan por cumplidas las penas, ni se reinserte a los delincuentes, de manera que se diría que para los corruptos no existiera otro castigo que la muerte civil. Pero más sorprendente aun que eso, es el hecho de que en política, ni siquiera la absolución en los procesos -o el archivo de las causas- sirva para redimir al político apestado. Y más si cabe: que ni siquiera sea menester la existencia de una acusación formal y la subsiguiente apertura de un juicio oral para tener por apestado a un político.

A estas alturas todo el mundo supondrá que tengo en mente el caso de Rita Barberá. Pero lo cierto es que son ya docenas los casos de políticos forzados -las más de las veces por sus propios partidos- a apartarse de sus cargos tan solo en base a una sospecha, y que nunca retornaron a los mismos una vez quedó acreditado que ésta carecía de base. Los presidentes socialistas de Castilla-León y de Murcia Demetrio Madrid y Carlos Collado; la senadora socialista por Salamanca Elena Diego; los siete concejales populares de Santiago de Compostela; el diputado popular por Navarra Santiago Cervera; y -por supuesto- el ex presidente valenciano Francisco Camps son solo unos pocos de esa creciente lista de políticos impúdicamente apartados de la primera línea política por un delito que no cometieron.

Una lista cuya magnitud obliga ya a preguntarse si no estaremos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. O peor aun: regalándoselas a los auténticos enemigos de la democracia. Esos que a diario nos repiten que todos los políticos -menos ellos, auténticos voceros del pueblo- son igualmente corruptos.