Las Provincias

Gasto a acordar

El Consejo de Ministros del próximo viernes procederá a aprobar el techo de gasto para 2017, tras el preceptivo informe que emane la víspera de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre la consolidación fiscal en los dos próximos ejercicios. Al parecer el Ejecutivo de Rajoy y de Montoro tiene el propósito de mantener el mismo nivel de gasto ejecutado durante 2016, aunque las comunidades autónomas presentes en el CPFF saben que de un año a otro se incrementan las necesidades sociales y de sanidad a causa del envejecimiento y del paro de larga duración, y la propia Administración central conoce de las dificultades que puedan derivar del déficit de la Seguridad Social. La discusión presenta esa doble dimensión de lo económico y de lo político o partidario. El ministro Montoro cifra en torno a 118.000 millones de euros el límite de gasto no financiero para el conjunto de las administraciones. Es lo que el Ministerio presume que se acabará gastando este año, 5.000 millones por debajo de lo presupuestado. Pero se trata de una previsión siempre azarosa, puesto que entre noviembre y diciembre podrían desbaratarse las cuentas sin que se precise hasta entrado el año nuevo. Es posible que esos 5.000 millones formen parte del margen negociador que el Gobierno se plantea someter al diálogo con Ciudadanos y a las tentativas por atraerse también al PSOE. Esta semana se presenta como un segundo capítulo de la investidura superada por Rajoy. La reválida ineludible para que la legislatura se ponga de verdad en marcha. La mera posibilidad de acordar el techo de gasto con el Gobierno del PP reabre entre los socialistas el debate sobre la abstención ante el candidato popular, aunque todo indica que en una versión más atenuada de la discusión. No en balde los socialistas con responsabilidades sienten la necesidad de que se arbitre una cifra realista en cuanto a la contención del déficit pero atenta con las obligaciones públicas. Se da la circunstancia de que el Gobierno no va a disponer, políticamente hablando, de los argumentos de coerción con los que contó en la legislatura de la mayoría absoluta para interpretar unívocamente la disciplina presupuestaria. La única manera de que se fije un techo de gasto solvente es que sea acordado.