Las Provincias

Reflexiones

La muerte de Rita Barberá, sus dramáticas circunstancias, han producido una ola de reacciones en el curso de las cuales el mundo político y el mundo mediático se han echado la culpa, o la responsabilidad, del lamentable proceso de acoso -político y mediático a la vez- que Rita Barberá ha sufrido en el tramo final de su vida.

Fresco aún el comunicado en el que el alcalde Ribó insistía, el martes a mediodía, en la culpabilidad de Rita Barberá en lo que el Supremo estaba investigando, la muerte de la alcaldesa, el día 23, abrió un escenario nuevo. En él, las esferas de intereses que mueven la máquina de la opinión pública en el estrecho espacio que el fútbol y el cotilleo les otorga ya, han tenido ocasión de expresarse como suelen ser: mezquinos e hipócritas en unos casos, directamente despiadados en otros.

Que la corrupción ha sido y es grave en España, no necesita demostración. Pero la muerte de Rita Barberá exigiría, en aras de una respuesta moral, una reflexión sobre las armas a utilizar contra los males de la política. Porque no todo vale y porque no podemos seguir consintiendo la destrucción de más y más personajes públicos que, en estado de presunción de inocencia, sin haber sido aún procesados ni juzgados, atraviesan un verdadero calvario que puede derivar no en una pena de muerte pero sí en una muerte de pena.

La extremada lentitud de los tribunales españoles, una vergüenza nacional, ha sido y es alfombra propicia. La demagogia y el radicalismo de Podemos, aliada al ridículo puritanismo sobrevenido de Ciudadanos, han incrementado los temores y eternos complejos del Partido Popular y el rencor a la derecha que anima a una parte insana del socialismo, la que coquetea siempre con el nacionalismo. Ese escenario ha propiciado el delirio al que pudimos asistir el jueves: el de dirigentes del PP que han llegado a inculparse de resistir poco la presión y de empujar a Rita Barberá fuera del partido (que ella fundó) para «protegerla».

Parece urgente reconducir conductas informativas y políticas. Se hace preciso, también aquí, un gran pacto constitucional de regeneración, promovido por el PP y el PSOE, que agilice los casos de corrupción pendientes en los tribunales. Y que impida que un partido sea acusación particular contra otro. Un tribunal no puede ser arma política: no debe olvidarse que Rita Barberá, el lunes, en el Supremo, solo se negó a declarar ante el abogado representante del PSOE, el partido del presidente de la Generalitat que el jueves elogiaba su figura humana ante los Reyes, en la Lonja.

El entendimiento de los dos grandes partidos, es tan necesario para la supervivencia del sistema que terminará por imponerse. Debe servir para definir sin dudas cuándo debe cesar por ley un alto cargo procesado. Y debe facilitar la gobernabilidad de la lista más votada, un recurso que hubiera evitado el año que hemos perdido sin gobierno y permitiría que la ciudad de Valencia estuviera todavía regida por Rita Barberá.