Las Provincias

Ha muerto la presunción de inocencia

Esta semana que termina lo hace con un acontecimiento que, al menos en la ciudad de Valencia, (en mi opinión en toda España), ha dejado ríos de tinta, comentarios múltiples, y que estoy seguro seguirá dejando reflexiones diversas: El miércoles fallecía en Madrid Rita Barberá Nolla.

Ni se me ocurre hacer un repaso a tanto comentario como ha producido la noticia: la opinión es libre.

Pero el fallecimiento, que lamento profunda y personalmente pues tuve el privilegio de tratarla en persona, me trae a la cabeza un pensamiento que llevo tiempo en la cabeza y que he trasladado a colegas: Este país lleva tiempo perdiendo derechos y garantías.

No sólo en el ámbito de los procesos penales, también en los administrativos, o en el del ejercicio de derechos básicos, como el del acceso al atestado, antes de que el detenido preste declaración (pese a dos directivas que ya son derecho aplicable en España), o el traslado solo parcial de diligencias procesales penales a los letrados (pese al derecho a la defensa, y las directivas y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). O las limitaciones impuestas por la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada al nacer como 'Ley Mordaza'.

Sólo quien 'padece' un proceso (penal o administrativo) sabe bien de lo que hablo.

Es como si en Medicina sólo quien precisa de asistencia médica, conociera de las muchas enfermedades que hoy se atienden en nuestros servicios médicos. Sin embargo todos tenemos la percepción de que tenemos un buen sistema sanitario.

No sucede lo mismo en el campo del Derecho, y de las garantías de las que goza cualquier ciudadano al que le afecte un proceso.

La opinión general es que, en todos los sentidos, en este país la Justicia es la «hermana pobre» del «sistema» cuando debería ser la Garantía (con mayúsculas) del Estado mismo.

Esa pérdida de derechos y garantías (que no son de los abogados sino de los ciudadanos), cobra especial importancia en el principio esencial de la Presunción de Inocencia.

Se dice por los responsables de los distintos partidos políticos que, una cosa es la responsabilidad penal y otra la política, de modo que, olvidando la Presunción de Inocencia, «apartan» a cualquier responsable político que sea citado como investigado.

(Antes imputado: no sé para qué ha servido el cambio de denominación).

Si la condición de investigado es una «garantía» no se entiende muy bien, desde el punto de vista de un abogado como yo, que a un político por el hecho de ser citado como investigado (sin más) se le «aparte» del partido. Sea el que sea.

Hay ejemplos de la «maldad» de este «invento político»: Cuando a Pepe Blanco se le abrieron diligencias, siendo ministro, su partido no lo «apartó», pero la imagen pública que se trasladaba es que, el entonces ministro, paraba su coche en una gasolinera y allí recibía «bolsas» .

Cuando por fin pudo defenderse (como ministro y diputado estaba aforado) y prestó declaración en el Tribunal Supremo, el Alto Tribunal (me consta que con deliberación y debate en la Sala), decidió el archivo de las diligencias.

Afortunadamente para el Sr. Blanco su «calvario» o «martirio» duró poco (si es que se puede decir así). Bien es verdad que en la «mente colectiva» y en la memoria de Google continúa esa «foto», pese al claro pronunciamiento del Tribunal Supremo.

El exministro Juan A. López Aguilar fue objeto de una denuncia de violencia de género. Palabras «mayores» en un tema de tanta trascendencia social.

Fue «apartado» de su partido. Sufrió comentarios de toda clase y condición. El sólo (y sus cercanos) sabrá lo que debió padecer.

Finalmente su «proceso» se archivó: no había delito.

Son sólo dos ejemplos de cómo el principio esencial, el derecho a la Presunción de Inocencia, fue «maltratado».

Insisto en que no me sirve el argumento de los diferentes grupos políticos de «asumir las responsabilidades políticas». Hacerlo supone anticipar un «juicio de valor» que quiebra y rompe y rasga el derecho a la Presunción de Inocencia.

En el caso de Rita Barberá no ha tenido ocasión de acreditar su inocencia: falleció el miércoles.

El lunes, tras su declaración (el magistrado Conde Pumpido ni siquiera había solicitado el suplicatorio al Senado), el portavoz del PP, Sr. Maroto, a preguntas de los medios, dijo que no tenía nada que comentar pues «esa señora ya no pertenece al partido».

En muy parecidos términos se pronunció la Sra. Bonig. Que el miércoles «lloraba» la muerte de «su» Alcaldesa.

Por contraposición los «contrarios» políticos de la alcaldesa (creo que Rita siempre será la alcaldesa para muchos valencianos), como el president Puig, o la vicepresidenta Oltra eran quienes ponían en valor el trabajo y la dedicación de la alcaldesa.

Rita no tendrá nunca ya la oportunidad de defender su inocencia.

Los partidos políticos deberían aprovechar esta lamentable muerte «precipitada» para reflexionar y para dejar de hablar de «responsabilidades» políticas ajenas a las judiciales. Si un proceso penal, donde rigen (en principio) las mayores garantías para el investigado, y hasta que no hay sentencia firme, no hay condena, no sé en base a qué fundamento jurídico los partidos exigen «cumplir la sentencia» y condenan anticipadamente a cualquiera, propio o ajeno.

Y deberían aprovechar también para reflexionar y dejar de personarse, unos y otros, en los procesos del «contrario» político, y dejar que los jueces, y las garantías de un proceso justo, determinen, cuando las haya, si hubo o no conducta reprobable.

Bien que los abogados seguiremos hasta la extenuación defendiendo los derechos de los ciudadanos.

Mientras tanto, ha muerto la Presunción de Inocencia, pues ha muerto una ciudadana inocente que fue condenada sin juicio ni garantías en vida.