Las Provincias

ESTADO DE 'SHOCK'

Pocas noticias han tenido en las últimas décadas en Valencia no ya el impacto sino el efecto de consternación general que el que provocó el miércoles la repentina muerte de Rita Barberá. Descontando las mezquindades habituales de los pistoleros que usan las redes sociales como válvula de escape de su resentimiento, la desaparición de la exalcaldesa conmocionó a todo el mundo, a la clase política, a compañeros y contrincantes, a los medios de comunicación y, en general, a una ciudadanía que asistió incrédula al triste espectáculo de la glorificación postmortem de la senadora. La ciudad vive desde entonces en estado de 'shock', por utilizar el término que empleó el presidente Puig cuando quiso referirse a cómo se le había quedado el cuerpo tras enterarse de la victoria de Trump en las elecciones norteamericanas. El paso de los días apaciguará ánimos y calmará voluntades, así ocurre siempre, pero no habría que desaprovechar la oportunidad que, por desgracia, ha brindado este trágico suceso para reflexionar acerca de lo que la clase política y los medios de comunicación estamos haciendo con los casos de corrupción que desde hace años salpican la geografía española y que parecen haber encontrado en el territorio valenciano el suelo más fértil para germinar. Justificaba Pablo Iglesias el miércoles la negativa de Unidos Podemos a guardar un minuto de silencio por Rita Barberá en que no estaban dispuestos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política estaba «marcada por la corrupción». Y sin embargo, la exalcaldesa se ha muerto sin haber sido no ya condenada sino ni siquiera encausada por un tribunal de justicia. Si nos ponemos en plan purista, tampoco se puede decir que estuviera en estos momentos imputada (o investigada) por el caso del 'pitufeo', los famosos mil euros. Dicho de otro modo, Barberá no era Rafael Blasco o Carlos Fabra, juzgados, condenados y encarcelados por casos de corrupción; Barberá no era Angélica Such o Milagrosa Martínez, juzgadas por los contratos para Fitur con empresas de la trama Gürtel y pendientes de conocer el fallo judicial; Barberá, en fin, estaba inmersa en una causa judicial que tal vez, sólo tal vez, acabara en un procesamiento, en la apertura de un juicio, o tal vez en el sobreseimiento, en el archivo de las actuaciones, en la nada. Pese a ello, la hasta anteayer senadora no se libró de un juicio político, mediático y, consiguientemente, popular, que ya la había condenado sin necesidad de ser juzgada. No parece justo y aunque en su caso ya sea demasiado tarde para rectificar procedimientos y comportamientos, aún estamos a tiempo de evitar nuevos errores. El radicalismo político y el amarillismo periodístico no van a cambiar, ayer mismo ya llegaron a la conclusión de que lo han hecho todo bien, que su conducta es irreprochable (¿también la persecución diaria y domiciliaria de la exalcaldesa?), pero todo el resto, es decir, los normales, deberían considerar la conveniencia de fijar unas normas comunes para todos con independencia de su color político, un momento procesal a partir del cual sea exigible a un cargo político que presente su dimisión y que, desde luego, no puede ser el de la imputación/investigación. La muerte de Rita Barberá no habrá sido entonces en vano, aunque a sus familiares y amigos no les sirva para nada.