Las Provincias

El Gobierno y el Constitucional

No ha de ser fácil para quien ha gobernado cinco años con mayoría absoluta adaptarse a una situación mucho menos cómoda en que cualquier decisión parlamentaria requiere otros apoyos para salir adelante. Y este Gobierno está explorando las vías que le permitan tomar decisiones eficaces y zafarse del apremio de sus adversarios. La prueba de toque está siendo la pugna en torno a la Lomce. El pasado mes, el PSOE presentó una iniciativa para paralizar el calendario de aplicación de la 'ley Wert' que fue vetada por el Gobierno con el pretexto del artículo 136.6 de la Constitución, que indica que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». El Ejecutivo pretextó entonces que la paralización de la ley supondría la pérdida de 615 millones en ayudas comunitarias. La mesa consideró injustificado el veto y lo levantó, con lo que la proposición sobre la Lomce fue admitida a trámite por el pleno del Congreso el pasado martes. Pero el Consejo de Ministros del viernes acordó dirigirse a la Mesa del Congreso para que reconsidere su posición; previsiblemente, la mesa responderá negativamente, pero tal negativa es necesaria para que Gobierno pueda presentar conflicto de competencias ante el Constitucional. La cautela del artículo 136.6 es razonable para impedir que el debate presupuestario se reabra constantemente. Es evidente que debe existir una garantía de que no se pone en peligro el avance hacia la estabilidad presupuestaria, pero tampoco puede servir para que el Gobierno eluda los controles de la mayoría parlamentaria. El asunto es tan obvio que hasta los profanos en derecho entienden con claridad que el Tribunal Constitucional no puede claudicar ante una pretensión tan extravagante del Ejecutivo que tergiversaría la intención del constituyente. El artículo 136 está en el Título de la Carta Magna titulado 'Economía y Hacienda', y está relacionado con la estabilidad presupuestaria y no con los equilibrios políticos, de forma que el Gobierno deberá resignarse al juego de las mayorías y minorías, sin trampas ni subterfugios.