Las Provincias

Qué hacer con Cataluña

El último discurso de investidura de Rajoy tuvo menciones novedosas sobre el sistema de organización territorial en general y sobre Cataluña en particular. Por un lado, se refirió a un acuerdo sobre financiación autonómica que se diseñe entre partidos, «muy especialmente con el PSOE», aunque atendiendo a las bases que previamente se sienten en una Conferencia de Presidentes que se celebrará en breve en el Senado. Por otro lado, tras remachar sus criterios ya conocidos con relación a la secesión catalana y a la inviabilidad de un referéndum de autodeterminación, aseguró que buscará entenderse a este respecto con los partidos constitucionalistas y fomentar el diálogo y la cooperación con la Generalitat. Y, como novedad, manifestó estar abierto a «buscar fórmulas que acomoden mejor la necesaria solidaridad interterritorial». Fuentes de Moncloa, citadas por El Periódico, han aclarado que estas últimas afirmaciones han de interpretarse como un ofrecimiento para dotar a Catalunya de una balanza fiscal más ventajosa, de modo que pueda contar con más ingresos sin que por ello tenga que incrementar su aportación al Estado.

La respuesta de la Generalitat no ha sido amable (tampoco cabía esperar otra cosa): Puigdemont ha anunciado que pedirá audiencia a Rajoy para reiterarle las famosas 46 peticiones que ya le formuló el mes de abril y para anunciarle que habrá referéndum en septiembre de 2017, negociado o no. Además, ha adelantado que no irá a la conferencia de presidentes y que la mejora de la financiación no será un paliativo de la reclamación independentista. Pero tras esta posición dura, es evidente que la antigua Convergencia es consciente de que Junts Pel Sí, en manos de la CUP, está avanzando peligrosamente hacia el abismo, por lo que no puede descartarse en absoluto que a medio plazo, probablemente tras unas nuevas elecciones catalanas, se abra un diálogo sobre las cuestiones candentes.

La exConvergencia llevaba en su último programa electoral a las elecciones generales la propuesta de crear en el Congreso una Comisión para estudiar y debatir un nuevo encaje de Cataluña en el Estado. Y el PSOE proponía una subcomisión encargada de debatir la futura vertebración de España, naturalmente con pautas federales que no eran citadas por su nombre para no cerrar puertas ni herir sensibilidades.

Si el Gobierno consigue estabilizarse, la secuencia con respecto a la Cataluña podría comenzar con la reforma de la financiación, que es urgente, y debería abocarse a una negociación más amplia y generosa en el marco multilateral de una modernización del modelo de Estado, residenciada en el Parlamento. Por esta vía, no sólo se avanzaría en la resolución del conflicto catalán sino que se llevaría a cabo una modernización integral del país que por lógica, debería plasmarse en una medida pero profunda reforma constitucional.