Las Provincias

Chapuza horaria

Cualquier normativa es discutible, por supuesto, aunque el Gobierno central o autonómico que la impulse goce de toda la legitimidad democrática para aprobarla y ejecutarla. Pero lo peor que le puede pasar a una Administración es que sus administrados no sepan a qué atenerse en una materia determinada por los continuos vaivenes legales y porque sus resoluciones son cuestionadas o directamente anuladas por los tribunales de justicia, creando una situación de inseguridad e incertidumbre. Esto es ni más ni menos lo que le ha ocurrido al Consell con un asunto que se le ha enquistado por culpa de una gestión muy poco profesional y que ha adquirido ya la categoría de auténtica chapuza política: la regulación de los horarios comerciales, es decir, de la posibilidad de que las grandes superficies abran o no en domingos y festivos. A partir de su posición contraria a la liberalización promovida por el PP, la Conselleria de Economía -en manos de Compromís- ha ido dando pasos atolondrados para restringir estos horarios. Pero estos pasos no han estado guiados por un escrupuloso respeto a la legalidad vigente, a los principios y derechos aplicables a personas físicas y jurídicas, sino por ocurrencias e improvisaciones para acomodar la realidad a los impulsos del gobernante. Dos sentencias contrarias a esta forma de actuar deberían hacer pensar al conseller Climent que el Estado de derecho no se puede moldear al capricho del político sino que, antes al contrario, los representantes del pueblo tienen la obligación de ser los primeros en acatar, respetar y atenerse a la normativa vigente. La segunda sentencia contra la política del Consell en materia de horarios comerciales es un aviso serio por parte de los jueces y la constatación de un evidente fracaso en la gestión del Consell.