Las Provincias

Reforma del bono social

El primer problema que se ha encontrado el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, a su llegada al Ministerio es la reciente sentencia del Supremo que, por segunda vez (la primera fue en 2012), a instancias de las propias eléctricas, ha considerado el llamado bono social -el descuento del 25% de que se benefician desde 2009 los hogares en situación de mayor precariedad- incompatible con las directivas europeas del sector. Y obliga al Gobierno a devolver a las compañías unos 530 millones de euros. El Gobierno puede elegir entre tres opciones, y ninguna es buena: cargar ese dinero en los recibos de los abonados, lo que supondría gravarlos con 1,7 euros al mes durante un año; incluir esa partida en los presupuestos de 2017, lo que parece incompatible con la necesaria reducción del déficit, y descontarlo de los 1.550 millones de superávit que ha generado el sistema eléctrico desde 2014, pero la normativa prohíbe que esos recursos se destinen a otro fin que no sea la reducción de la gigantesca deuda acumulada. El Gobierno deberá tomar una decisión, que en buena lógica debería ir acompañada de una reforma del bono social, que a todas luces no cumple su función de atender las necesidades perentorias de los menos favorecidos.