Las Provincias

Del hecho al dicho

Se le atribuye al dos veces Primer Ministro británico Lord Palmerston, en su intento por subrayar hasta qué punto el Parlamento había logrado emerger como el auténtico centro de poder en el Reino Unido, la frase de que en ese país el legislativo podía hacer cualquier cosa excepto convertir a un hombre en mujer. Calculo que pese a su dilatada experiencia política el viejo Palmerston no saldría de su asombro si se enterara de que, siglo y medio más tarde, un humilde parlamento autonómico español -eso sí: guiado con pulso firme por una vicepresidenta dispuesta a dejar su huella en la Historia- se halla a punto de conseguir aquello que ni siquiera lograron sus homólogos de Westminster en los tiempos en que Britannia gobernaba los océanos.

Porque de eso es de lo que trata la llamada ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana que la vicepresidenta Oltra acaba de remitir a Les Corts: de convertir a los hombres en mujeres (y viceversa, faltaría más) sin más requisito que una declaración de voluntad ni más sustento que un mandato del legislador.

Para Oltra -cuyos posicionamientos calculo plasmados en el proyecto- la condición de hombre o de mujer no se sustenta en un hecho físico, sino que resulta de una mera asignación adoptada -diríase que 'a ojo'- en el momento del nacimiento, y con la que el individuo puede estar o no conforme, siendo su mera voluntad suficiente como para enervar esa asignación y obviar el hecho tangible sobre el que se sustentaba. Así, por encima del sexo, emerge la 'identidad de género', definida como la «vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado», cuya 'expresión' -«manifestación de cada persona de su identidad de género»- la nueva ley obligará a reconocer. Ante ese mandato importan poco los hechos -olvidémonos de cromosomas y genitales- y mucho menos las apariencias -olvidémonos también de modos de vestir, de conductas, de roles, y de todo cuanto socialmente identifica a uno y otro sexo-, quedando todo en función de la simple voluntad del interesado, al que la ley garantiza «el reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica», y el derecho a ser tratado «de conformidad a su identidad de género en todos los ámbitos públicos y privados».

Así las cosas. ¿Debo entender que no tendría que prescindir de mi barba ni mi bigote -ni tampoco de otras partes de mi anatomía que tengo incluso en más alta estima- para, por ejemplo, jugar un torneo femenino de tenis? ¿O para entrar de gratis en una discoteca? ¿O para formar parte de una lista electoral como 'cuota' femenina? ¿O incluso para acogerme a las ventajas de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género?

Seguro que Lord Parmerston estaría tan escéptico como yo. Y mucho más alucinado.