Las Provincias

Administración electrónica 'a la valenciana'

Hace años que los gobernantes nos hablan de la administración electrónica, situando España a la cabeza de Europa como el Estado que más procedimientos había incorporado para que los usuarios puedan realizar telemáticamente. Han sido muchas las leyes promulgadas, como la estatal 11/2007 o la autonómica 220/2014 según la cual se aprueba el reglamento de la Administración electrónica en la Comunitat Valenciana. Todos sabíamos que una cosa es aprobar la ley y otra es subsanar los escollos técnicos que permitieran aplicarla. Cuestiones jurídicas, de seguridad, planes de digitalización, de gestión de bases de datos y otras muchas quedaban pendientes cuando se aprobaron estas leyes. Ahora bien, tarea exclusiva de los gobiernos era posibilitar la progresiva implementación en la que prácticamente todo se podría hacer desde casa.

Pero si hace unos años parecía que sí habíamos entrado en el tercer milenio y muchos trámites habían empezado a poder realizarse telemáticamente, en la actualidad la realidad es muy diferente y, lejos de llegar a una situación en la que la administración electrónica es una realidad, seguimos estancando en la misma situación en que nos encontrábamos el siglo pasado.

Sirvan como ejemplos los impuestos que dependen de la diputación, como el pago del IBI, del impuesto de circulación, basura y otros tantos que en nuestra comunidad no se pueden realizar a través de internet y, ya que los bancos han recortado personal y oficinas, también han recortado servicios, de manera que son muy pocas las entidades las que permiten realizar estos pagos y, en muchos casos, los restringen a ser clientes de dichas entidades.

Las domiciliaciones tampoco han ayudado, ya que muchas veces las entidades bancarias se desentienden si no se hacen efectivas, pues es el órgano emisor quien se hace responsable de los cargos, es decir la Generalitat Valenciana. Pero, en este caso, la diputación tampoco atiende errores que están derivando en los cargos si la domiciliación no se ha hecho efectiva unos meses antes del periodo voluntario del pago, con el consiguiente recargo fuera del periodo voluntario.

En definitiva, en lugar de mejorar, estamos en una situación peor que hace 20 años, en la que además de duplicar impuestos como el de la basura, y aumentar más del 30% otros como la contribución (IBI), los recibos ni se pueden pagar a través de internet, ni por teléfono, ni en la mayoría de nuestros bancos, teniendo que suplicar, y, haciendo largas colas en las entidades que tienen convenio con la Generalitat y que parecen atendernos como acción caritativa.

No suficiente con esto, la administración electrónica valenciana tiene muchísimos errores a la hora de pagar telemáticamente en algunos trámites como la inscripción en unas oposiciones, generando recibos que no corresponden. Tampoco se puede pagar de esta forma cuando te inscribes, por ejemplo, en la Escuela Oficial de Idiomas y en otras muchas actuaciones dependientes de la Generalitat Valenciana, en este caso de la Conselleria de Educación.

En el caso de la Comunitat Valenciana, no estamos hablando de presupuesto ni de relaciones con el Estado; estamos hablando de un gobierno que, lejos de preocuparse por los intereses de los ciudadanos, está pendiente de judicializar la política. Los ciudadanos ya estamos hartos de ver que transcurre la legislatura y el gobierno valenciano, en ocasiones monocolor y en otras bicolor, tricolor o multicolor, no es nada eficaz en la modernización de la administración que afecta a todos los ciudadanos, pues parece que no cree en ella y sólo se preocupa de excusarse con la herencia recibida.

Las encuestas empiezan a abrir los ojos a los que creen que se puede ganar unas elecciones en los juzgados, porque las elecciones se ganan optimizando los servicios, no derogando todo aquello que ha hecho el gobierno anterior. Las elecciones se ganan innovando, no persiguiendo a los adversarios políticos, y sobre todo se ganan mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, no inculpando al gobierno anterior. Pues la corrupción de unos pocos no cambia la honradez de la mayoría, ni tampoco la ideología de los que creemos que los políticos deben estar trabajando al servicio de los ciudadanos.

Colegios, hospitales, juzgados, personal funcionario, servicios, empleo y otras muchas cuestiones no han mejorado nada en estos dos años. Las ventanas de los centros educativos siguen igual de corroídas, las colas en hospitales y juzgados igual de largas y ahora entendemos que nuestro actual gobierno, lejos de las promesas que anunció durante tantos años para mejorar los servicios básicos, en este tiempo sólo se ha preocupado de atacar a lo privado, revirtiendo la gestión de algunos hospitales como el de Alzira o bloqueando los conciertos de centros educativos, que estaban ahorrando 400 millones a la Generalitat.

Porque la hipocresía llega hasta tal punto en la que todos los progresistas prefieren llevar a sus hijos a centros concertados, pero continúan anunciando la defensa de la escuela pública y valenciana, demonizando justamente aquello que realmente prefieren. Y, obsesionados en destruir aquellos que no piensan como ellos, han olvidado mejorar lo público.

Ahora quieren una nueva televisión que antes denunciaban, y es que gobernar con el único criterio de estar en contra de los otros genera la paralización de la gestión necesaria para tener mejores infraestructuras y servicios. Esperemos que el resto de legislatura se dediquen verdaderamente a aquello para lo que les pagamos: a nosotros.