Las Provincias

MARCA ESPAÑA

La noticia más relevante acaecida en el mundo taurino en los últimos días, ha sido que el pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y ha declarado inconstitucional y nulo el artículo 1 de la Ley 28/2010 que prohíbe la celebración de corridas de toros y otros espectáculos taurinos en Cataluña.

Hay que recordar que la Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en virtud de una ley aprobada por el Senado que tuvo su origen en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada con 600.000 firmas y que fue promovida por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, tras la decisión del Parlamento catalán de prohibir la celebración de festejos en esa comunidad. Una ley que reconoce que la Tauromaquia conforma un «incuestionable patrimonio cultural inmaterial español» además de tener una «indudable trascendencia como actividad económica y empresarial».

Lo referido a la importancia de la actividad económica y empresarial, ya se encargaron que fuera mínima cuando llegara la hora de darle la puntilla a lo que los secesionistas consideran como Marca España. Tuvieron la habilidad de ir cerrando el círculo eliminando la actividad en aquellas plazas satélite de la Monumental de Barcelona, como lo fueron las de Gerona, Figueras, San Feliu de Guixol, Lloret de Mar, Olot o Tarragona.

Su objetivo era, queda muy claro, borrar cualquier signo que tuviera que ver con el patrimonio cultural español. Ese era su objetivo y no la defensa de los animales. Porque si así fuera, ¿por qué no han prohibido los corre bous? Camelos, no. Se han valido de la Tauromaquia porque es evidente que tiene una gran fuerza por el potencial artístico y emocional que atesora. Ahí les dolía y era la barrera que tenían que eliminar a cualquier precio para que cuando llegara lo que ellos consideran el momento de la 'desconexión' con el resto de España, no hubiera ningún elemento de peso que les uniera.

Ahora sólo cabe esperar que el Gobierno se encargue de hacer cumplir la ley. De no hacerlo, los secesionistas habrían ganado algo más que prohibir los toros.