Las Provincias

Infraestructuras para impulsar nuestra economía

El hartazgo del empresariado valenciano ante la falta de inversiones en infraestructuras por parte de la Administración central y muy especialmente por los ministerios de Fomento y de Agricultura, Agua y Medio Ambiente está más que justificado. La exministra Pastor, hoy presidenta del Congreso, nos ha mentido, ha incumplido reiteradamente los plazos comprometidos (AVE regional y eje mediterráneo de mercancías Tarragona-Castellón-Valencia); ha mantenido paralizadas y faltas de anualidades obras licitadas en el año 2008 y que deberían haber finalizado, contractualmente, en el año 2012 (conexión autovía A-33/A-31 con circunvalación de La Font de la Figuera; N-232, variante de Sueca-Cullera-Favara; o acceso Sur al Puerto de Gandía, etc. ); y para proseguir con sus incumplimientos en inversiones viarias hay que recordar las obras por un importe de 196 millones de euros (finalizar la V-21, tercer carril barranco del Carraixet-Valencia; N-220 Aeropuerto Valencia a V-30; tercer carril A-7 entre Crevillente-Orihuela; N-332 duplicación conexión Aeropuerto Alicante -A-70, etc.) que se debían licitar, adjudicar, incluso iniciar en el 2016, y figuraban en los Presupuestos Generales del Estado, pero que ni están ni se les espera.

Los embalses de la Demarcación del Júcar se encuentran al 28% de su capacidad con un territorio, el valenciano, con 'estrés hídrico', y el ministerio nos ha asignado el 3'80% de su licitación en el periodo 2012-julio 2016 (112,56 millones en la Comunitat de un total de 2.965 millones para toda España).

Ante este ninguneo sin precedentes e invisibilidad de nuestra Comunidad Valenciana, abiertamente censuramos y lamentamos este trato de la Administración central y ejerceremos cuanta presión sea menester dentro de los cauces de la Constitución.

Los empresarios fijamos objetivos, tomamos decisiones, marcamos estrategias y combinando capital, trabajo e innovación producimos bienes y servicios, creamos empleo y asumiendo riesgos, buscamos beneficios que nos permitan retroalimentarnos y crecer. Exigimos de la Administración inversiones en infraestructuras productivas que hagan más competitiva nuestra industria, transporte y logística, capacidad exportadora, intermodalidad ferroviaria y portuaria y que potencien nuestro sector agroalimentario

Quisiera puntualizar que aun solicitando reiteradamente inversiones en infraestructuras por parte del empresariado, a pesar de ser prioritarias para nuestro desarrollo, nunca han sido atendidas por la Administración central. Valgan algunos datos. Entre enero de 2012 y agosto de 2016, la Administración ha licitado 20.485 millones de euros y a la Comunidad Valenciana nos han correspondido 965'90 millones (4'70% del total), mientras a Galicia le ha correspondido el 16'27%, a Andalucía el 14'79%, a Castilla León el 9'44%, a Cataluña el 9'58%... ¡Sobran comentarios! Exigimos justicia distributiva ante esta situación de desamparo.

Entre 2012 y 2016, según los Presupuestos Generales del Estado, la inversión territorializada alcanzará 55.506 millones de euros a nivel nacional, de los que a la Comunidad Valenciana nos corresponderían 3.936 millones (7'09% del total). Cada valenciano ha recibido 397 euros al año menos que la media, y en total nos han hurtado 1.969 millones de inversión.

Evidentemente, las infraestructuras han sido hasta ahora satisfechas mayoritariamente con nuestros impuestos, como también lo son los sueldos de los funcionarios, de los políticos, los gastos de Defensa, o dotarnos de equipamientos sociales (sanidad, educación, bienestar social, justicia, etc.). También lo han sido las obras o equipamientos ahora considerados inútiles, y muchos de ellos quebrados (polideportivos y piscinas cubiertas en municipios que ahora ni siquiera pueden mantener y conservar; Terras Míticas, Ciudad del Cine, Ágoras y otros despilfarros) que nunca fueron promovidos por los empresarios sino que lo fueron por Ayuntamientos y Gobiernos de la Generalitat, sin estudios de viabilidad económica y primando móviles electoralistas.

Ante el Programa de Estabilidad y Crecimiento, y los ajustes de déficit comprometidos con Bruselas, que supondrá una reducción de gasto de 10.000 millones de euros, para seguir invirtiendo en infraestructuras productivas que impulsen nuestra economía, industria, intermodalidad, capacidad exportadora, eviten la congestión y faciliten la movilidad interurbana y acaben con nuestras infradotaciones sociales (sanidad, justicia, educación, depuración, abastecimientos, riegos, etc.) habrá que acudir a la colaboración público privada -sin falsos estereotipos y prejuicios nacidos en el Pacto del Botànic-, con pagos diferidos de la Administración (impuestos de los ciudadanos) o sólo copago por los usuarios.

Hay que incidir en que la Comunidad Valenciana, que acoge al 10'63% de la población nacional, en el año 2005 tenía un PIB por habitante que alcanzaba el 91'9% de la media nacional, y hemos llegado al 2015 con una renta de 20.586 euros por habitante, que sólo alcanza el 88'35% de la media nacional (23.300 euros).

Estos indicadores ratifican que todavía somos una autonomía pobre y que de nuestra crisis, ya crónica, únicamente nos va a sacar la actividad empresarial, no las ayudas del paro.

Echamos en falta que todo el arco parlamentario valenciano, que nos representa tanto en Les Corts como en el Congreso de los Diputados, coaligados en defensa de la financiación e infraestructuras de nuestra Comunidad y con el pragmatismo que desde una oposición constructiva han ejercido, por ejemplo, vascos y catalanes, den peso valenciano a sus escaños y hagan valer sus votos.