Las Provincias

BALEARES, POR EJEMPLO

Lunes por la mañana, empieza una nueva semana, el panorama político se despeja, o eso parece, el día anterior el PSOE ha decidido abstenerse en la investidura de Rajoy, demostrando un sentido de Estado que nos ahorra el ridículo de las terceras elecciones. Te levantas, pones la radio y ¿qué es lo primero que escuchas? Pues que el parlamento de Baleares se dispone a aprobar una resolución para no aplicar el cambio horario, es decir, para no atrasar el reloj una hora en la madrugada del próximo domingo. Lógicamente, los contertulios y el director del programa se lo toman a broma y recuerdan que un parlamento regional no tiene competencias sobre el horario de un Estado, pero el asunto tiene su importancia porque es un indicador, un termómetro de la fiebre que aqueja a la España autonómica. Después de cuarenta años de centralismo castellanizante y de la España «una, grande y libre», las autonomías fueron vistas como un instrumento eficaz para dar viabilidad y visibilidad a las aspiraciones regionales en unos casos y nacionales en otros, taponando de este modo tanto el problema vasco como el catalán. Desde la ya lejana Constitución del 78 hasta la actualidad, la división territorial en 17 comunidades arroja luces y sombras, un notable desarrollo de infraestructuras y servicios junto a una corrupción asentada y casi generalizada en los ámbitos de gobierno. Pero, sobre todo, deja un vicio, por no decir un cáncer, que corre el riesgo de invalidar y arruinar el modelo, el de la insolidaridad entre las autonomías y la tentación de gobernar cada una como si fuera un Estado propio, no una parte del todo. Mientras los economistas y los empresarios alertan de la fragmentación del mercado, de la dificultad de gestionar una empresa que se tiene que enfrentar a una legislación estatal y diecisiete autonómicas, el Parlamento de Baleares roza el esperpento al solicitar un régimen horario exclusivo. El día en que Cataluña y Aragón dijeron que no al trasvase del Ebro, abrieron de par en par la puerta de los egoísmos localistas y de la desvertebración española. El PSOE paga ahora con el PSC parte de las culpas contraídas al fomentar cuando no excitar nacionalismos de vía estrecha y regionalismos desatados que hacen de la exaltación de la diferencia su razón de ser. Cataluña no quiere pagar más, el País Vasco pretende conservar sus privilegios, Aragón no está dispuesta a ceder a Valencia el agua de un río que es de todos y Baleares aspira a disponer de un horario propio y personalizado, a la carta. Una vez diagnosticado el problema territorial, lejos de ir a mejor, la impresión es que retrocedemos, que nos encastillamos en diecisiete fortalezas ajenas a un mundo globalizado en el que los estados se han quedado pequeños para dar respuesta a los crecientes desafíos.