Las Provincias

DINERO

Mi suegro, funcionario felizmente jubilado desde hace unos años, pierde los estribos cada vez que escucha la tan manida excusa, para justificar injustificables dispendios o para tapar saqueos a la caja del estado, de que el dinero público no es de nadie. «Mentira», dice alzando la voz, «es de todos». Tiene razón. Es un patrimonio público cuidadosamente amasado, fruto del esfuerzo general, que habría de ser celosamente administrado y dedicado principalmente a lo que realmente importa: educación, sanidad o acción y protección social entre otros aspectos de primer orden. El destino de ese dinero, no obstante, es en algunas ocasiones muy diferente. Cuando no acaba directamente en los sucios bolsillos del corrupto de turno sirve para financiar costosos antojos y llevar a la realidad innecesarias e irrelevantes obras, fruto del delirio y las ganas de perpetuarse en la historia del político que las encarga. Incurriría en un ejercicio de reduccionismo si señalara solo algún caso, así que les invito a que rebusquen en su memoria e identifiquen los ruinosos proyectos que se han llevado por el sumidero el patrimonio de todos.

El dinero público ronda con frecuencia, y no de manera casual, a los clubes de fútbol. Las grandes sociedades deportivas son enormes bolsas de votos que, dada su relevancia pública, pueden llegar a condicionar, y de qué manera, un proceso electoral. Imaginen por un momento que un gobierno se negase a aprobar una subvención encubierta a un club (en concepto de patrocinio o derechos televisivos, por ejemplo) y que este decidiera hacerlo público, cargando las tintas contra la administración y apelando a la indefensión ante sus rivales (estos sí, receptores de ayudas a cuenta del contribuyente). La protesta que se generaría sería mucho más ruidosa que las que provocan la pervivencia en pleno siglo XXI de los barracones en los colegios y de las grietas en los hospitales y centros de salud. Y no hay partido que aguante eso. El político teme los movimientos sísmicos provocados por las masas y el fútbol no es sino una gran masa dotada de una bestial caja de resonancia. Por ello los gobiernos de cualquier signo cultivan, también en lo económico, una relación con los clubes que fluctúa entre la coexistencia pacífica y la identificación absoluta entre ambos interlocutores. Luego, como contraprestación al apoyo, las entidades deportivas juegan un papel no poco importante en la difusión del mensaje ideológico de quien las ha auxiliado. Es así de sencillo y, al mismo tiempo, de crudo.

A cuenta precisamente del dinero público, esta semana unas declaraciones de Mónica Oltra han alzado considerable revuelo entre el valencianismo. En ellas, la vicepresidenta afirmaba, respecto a la famosa multa de la UE, que «el dinero del Valencia habría de volver a los valencianos». He escuchado y leído interpretaciones de todo tipo (muchas de ellas airadas) que voltean alrededor de una realidad diáfana: el Valencia, receptor de un favor del gobierno autonómico de la época, se benefició de un crédito en unas condiciones muy ventajosas, lo que generó un considerable ahorro por parte del club y supuso un agravio comparativo con el ciudadano o el empresario de a pie. La UE, que fiscaliza hasta el más mínimo detalle, ha detectado la irregularidad de dicha actuación y obliga a repararla. Y, en consecuencia, ha impuesto una multa (como también ha hecho con otros clubes europeos) que técnicamente no supone tener que devolver dinero, sino que abonar (reclama el estado por medio del Consell) el desfase económico: algo más de veinte millones de euros.

Esta cuestión, de la que, seguro, seguiremos leyendo reacciones, parte de una premisa que habría de ser indiscutible para todos: los esfuerzos de la administración (y, en consecuencia, el lugar del dinero público) han de estar primordialmente dirigidos a la esfera pública, no a apoyar a las sociedades privadas por muy representativas que sean. Más allá de nuestros afectos futbolísticos, hemos de aprender a poner por delante de nuestras pasiones lo que realmente importa. De esta historia, además, habríamos de extraer un par de enseñanzas: la de que, como ciudadanos críticos, hemos de exigir cuando toca (y a quien toca) responsabilidades y cargar las tintas sobre el político manirroto que juega con nuestro patrimonio a su antojo. Y la de que, por muy valencianistas (o levantinistas o herculanos) que seamos, ha llegado la hora de asumir que las Sociedades Anónimas Deportivas no son sino empresas privadas que han de autofinanciarse y, en consecuencia, pagarse sus caprichos.