Las Provincias

LA LEY DE BRUSELAS

El dinero público nunca debió servir para salvar al fútbol. Las catastróficas decisiones de gestores nefastos que se apoltronaron en los clubes no se debieron cargar a la cuenta de todos los valencianos. La connivencia fue letal. Aquella fue una época del todo vale. Hoy se pagan las consecuencias del descontrol. El Valencia tiene que hacer frente a una multa de 23,3 millones impuesta por Bruselas como resaca de los días de vino y rosas. Y el club de Mestalla busca el amparo del actual Consell que siempre defendió en la oposición que las ayudas al fútbol nunca debieron estar en la agenda y que exhiben las críticas al PP como el mejor de los argumentos del cambio político. Además, en la Generalitat gobierna un bipartito con perfiles distintos -Compromís mantiene la aspiración de quedarse con los desencantados del PSPV- y sustentado por un socio oficioso como Podemos, que consideran eso del balompié como un asunto terciario. La diputada de Compromís Mireia Mollà ya dio pistas el pasado 21 de septiembre en Les Corts Valencianes en el enunciado de la pregunta que le realizó al conseller de Hacienda, Vicent Soler: «Esos dineros son de los valencianos, incluidos los seguidores (de los clubes) y los no seguidores. Son dineros públicos que tienen unas reglas del juego y, por lo tanto, se han de cumplir». Un aviso para navegantes, para lo que creen que el Ejecutivo autonómico apoyará sin condiciones los recursos de los equipos de fútbol. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que busca tiritas para su 'corazón partío', apuntó a la dirección correcta: el dinero debe volver a los intereses de los valencianos. Es más o menos lo que dice el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, que ya le ha pedido al Valencia vía documento oficial que pague. El presidente Puig tratará de hacer de poli bueno en un asunto en el que el Consell no se siente cómodo. A una gran parte de la sociedad lo que más le importa es el gol y eso vale votos. Compromís se ha descarado en público con una posición alejada de los intereses del Valencia. En privado, otros como Lluismi Campos (Bloc) tratan de calmar a la masas a través de la redes sociales con argumentos amables con poco recorrido. Como en el caso de Porchinos, donde se buscan culpables cuando los concejales de Compromís son los primeros en no aceptar el nuevo PAI del club de Mestalla. Los socialistas, para salir lo menos dañados posibles, tendrán que estar atentos al doble juego de sus socios de gobierno. El argumento para aceptar lo que diga Bruselas es tan pesado como la razón de la legalidad. Puig y Oltra han utilizado el mismo discurso, el de la norma europea, para adelantar que el Consell se debe antes a Europa que al Valencia.