Las Provincias

NO HAGAMOS CORTO

El Gobierno valenciano ha hecho de la reivindicación de una nueva financiación su principal exigencia política. No descubro nada con ello. No llega a año y medio de gestión del Consell de Puig y Oltra y el discurso del maltrato al que nos somete Madrid, el de las pocas inversiones del Gobierno de Rajoy y el de cómo bloquea una reforma del Estatuto para blindarlas se ha convertido ya en la sintonía del tripartito. Se piden 1.300 millones más al año, que no es poco dinero. Y se genera la expectativa de que el día que se logren, los problemas de los valencianos quedarán resueltos. La afirmación es cierta sólo en parte. No diré yo que 1.300 millones de euros más al año -cifra que difícilmente se logre, pero vamos a suponer que sí- no suponga un balón de oxígeno para esas ayudas a la dependencia que no se pagan, para esos proveedores que cobran con dos meses de retraso o para sostener esas iniciativas de tan buena venta, como Xarxa Llibres o recuperar Canal 9, pero que pueden resultar tan costosas. A lo que voy es a si toda esa cantidad de millones permitirán que la Comunitat Valenciana recupere ese liderazgo económico y esa percepción de tierra prometida que ofreció durante algunos años. Me explico: el Consell remarca que ese dinero es el que le hace falta para prestar atención en sanidad, educación y gasto social a los cinco millones de valencianos. Y añade que, sin ese dinero, no llega siquiera para cubrir esos servicios básicos. No cuestiono el razonamiento. Pero si de lo que se trata es de recibir el dinero necesario para poder atender esas prestaciones básicas, habrá que explicar que se podrá pagar eso, pero no otras cosas. Detecto cierto entusiasmo en algunos dirigentes empresariales, que parecen convencidos de que una mejora de la financiación autonómica permitirá activar la economía regional, recuperar los planes multimillonarios de inversiones, las carreteras, las obras faraónicas y los perros con longanizas. No sé si alguien piensa que volverá la chequera, el recurso facilón al endeudamiento y el poderío de anteriores etapas. Con una administración autonómica desproporcionadamente grande, con un presupuesto en el que el gasto corriente se come 13.500 millones y las operaciones financieras otros 3.900 -sobre un total de 18.300-, lo que queda de gasto de capital no llega a 900. Llama la atención, o a mí me lo parece, que con unos recursos tan ajustados y tan condicionados, el Consell de Puig no sólo no se plantee adelgazar la administración cerrando empresas públicas o devolviendo competencias al Estado -¿alguien puede explicar para qué tenemos las de Justicia?- y en cambio reivindique unas tan costosas y tan poco rentables como las de Cercanías. ¿1.300 millones? Yo iría pidiendo unos cuantos más. Por no hacer corto, claro.