Las Provincias

Palabra de juez

El cumplimiento de la ley no es una persecución política aunque en Cataluña se empeñen en venderlo así cuando interesa. Parecen olvidar que cuando a un comerciante se le obliga a rotular en catalán no se hace -esperemos- para perseguirle por no comulgar con sus ideas sino por hacerle cumplir las normas de que se ha dotado la sociedad catalana. Ese empresario podría negarse y quemar en la puerta de su negocio el Código de Consumo de Cataluña por no sentirse emocionalmente adherido a él pero tendrán razón las autoridades en multarle si lo hace. Y los grupos políticos que no estén de acuerdo con ellas, en iniciar los trámites para cambiar la ley. Es la única forma de ir contra el Código de Consumo porque cuando una ley está hecha por un parlamento democráticamente elegido, lo civilizado es cambiarla cuando no se ve adecuada, no dejar de obedecerla. Si no fuera así, podrían aprobarse leyes contra oponentes ideológicos solo por acabar con los enemigos, pero si la ley emana de la representación popular, hacerla cumplir es hacer prevalecer la voluntad del pueblo por encima de la particular de un sujeto o un grupo.

Eso es lo que han venido a decir los jueces a los héroes de pacotilla instalados en el ayuntamiento de Badalona. Es tan básico el principio que han logrado la unanimidad de todas las organizaciones profesionales que rara vez se unen en una postura común: la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces por la Democracia, Foro Judicial Independiente y la Francisco de Vitoria. En este caso todas han mostrado su preocupación por lo sucedido el día 12 de octubre en Badalona en pataleta adolescente de telefilm de sobremesa. Suerte que no tienen a algunos patriotas dispuestos a empadronarse allí con tal de exigir la apertura de las oficinas municipales un 11 de septiembre cualquiera.

Los jueces les han recordado dos conceptos básicos del cumplimiento de la ley. Respetarla asegura la libertad puesto que la protege, pero también los límites del poder ejecutivo. Este último aspecto resulta especialmente interesante en el conflicto catalán. Los soberanistas que se saltan las normas apelan a una realidad superior a éstas indefinida, etérea y manipulable: la voluntad no explicitada de una unidad de destino en lo universal con barretina. La soberanía popular, a su juicio, es lo que ellos creen saber de los anhelos de la sociedad catalana. Frente a sus abusos, la ley pone coto al poder absoluto o a quienes hacen uso de él como si lo fuera. En esa línea están los radicales del independentismo y es la ley la que protege a quienes no comparten sus tesis pero acatan las leyes. Y hasta rotulan en catalán. La ley garantiza la transparencia en las decisiones, el debate público y la posibilidad de discrepar e incluso cambiar su contenido. Eso no viene asegurado con un despotismo ilustrado que cree conocer al pueblo y se erige en su portavoz sin que se lo haya pedido.