Las Provincias

LA LÓGICA DE CONCERTAR BACHILLERATO Y FP

En su reciente informe 'Necesita mejorar. Por un sistema educativo que no deje a nadie atrás', la organización Save the Children define el derecho a la Educación como un derecho líquido, un concepto interesante que rechaza una visión inmovilista de la escolarización obligatoria. «Las exigencias del mercado de trabajo y la misma democratización del acceso a la enseñanza han devaluado credenciales educativas que antes facilitaban un acceso adecuado al mercado de trabajo. La escolarización obligatoria, pues, se convierte cada vez más en una condición necesaria pero no suficiente para garantizar una trayectoria social y laboral de éxito y, por tanto, las responsabilidades del Estado en relación al derecho a la Educación se expanden más allá de la Educación obligatoria».

De este modo, Save the Children demanda al Estado expandir su garantía educativa a tres ámbitos, como son la Educación Infantil, las actividades extraescolares y la enseñanza postobligatoria. «Evidentemente, cuanto más espacio del derecho a la Educación se deje al mercado, más expuestos estamos a las desigualdades educativas y más aún si ello ocurre en periodo de crisis». Durante la crisis, la reducción del gasto público ha sido paralela al aumento del gasto familiar.

Así es. La ley determina como obligatoria la suma de Primaria y ESO, pero a nadie se le escapa que la escuela hoy día va más allá de los 6 a los 16 años. Infantil está generalizada entre los 3 y 6 años y cada vez es más común en la primera infancia. Por el otro extremo, el objetivo europeo para 2020 es que el 90% de los jóvenes logre al menos un título de Bachillerato o FP de Grado Medio.

En este contexto, que estas etapas postobligatorias puedan ser concertadas, como lo es el segundo ciclo de Infantil, entra dentro de la lógica de nuestro sistema de doble red pública y concertada. Desde la perspectiva de la financiación, juntar esta postobligatoria con la universitaria, alejándola así de la obligatoria, es una división interesada. Ni siquiera es así en la escuela pública, donde el Bachillerato y la FP tienden a la gratuidad, con unas tasas muy alejadas de las universitarias. Estos estudios afectan, o al menos se pretende, a una mayoría social, mientras a la universidad va un 40% de nuestros jóvenes, un porcentaje notable pero aun así minoritario.

Fue el PSOE el primer partido en lanzar la propuesta de extender la escolarización obligatoria hasta los 18 años. La medida plantea otros problemas, pero sí logró un consenso generalizado en universalizar la enseñanza hasta esa edad. Y universalizar significa también tender a su gratuidad.

También forma parte de los programas de los partidos gobernantes la lucha contra el abandono educativo, pues no es otro el principal reto al que se enfrenta nuestra escuela. Sobre todo la valenciana, donde la bipolaridad académica de nuestra juventud es más acusada. Ya saben, un elevado porcentaje de fracaso escolar y al mismo tiempo unas tasas de titulación universitarias altas incluso para la media europea. El agujero -y la solución- lo tenemos en esos estudios intermedios que representan la postobligatoria de Bachillerato y FP.

Anomalía en el Estado o no, la retirada de los conciertos en esta etapa no ayudaría en nada a alcanzar los objetivos antes expuestos que no son otros que universalizar estas enseñanzas y reducir el fracaso escolar. Al contrario, exigiría mayor dotación presupuestaria para alcanzar la misma cobertura escolar, que con nuestra infrafinanciación autonómica también significa limitar su crecimiento. Otra consecuencia es que rompería la seguridad del itinerario de muchos alumnos de la concertada que ya en Infantil saben dónde cursarán Bachillerato. Es curioso que eso no se quiera preservar, porque ese logro lo ha incorporado este año, para la pública, la actual Conselleria, con la adscripción directa de los colegios públicos a los institutos.

Lo extraño es que la medida no responde a una demanda social de los afectados, alumnos de la concertada que reivindiquen una plaza pública. Más bien responde a la disimulada disputa corporativa por los empleos, no en vano la primera consecuencia de la no renovación de estos conciertos es la retirada del pago delegado, y por tanto la bajada de sueldos y previsibles despidos de profesorado del sector. y contrataciones en el otro. Pero eso, aunque se pretenda, no hay que confundirlo con el interés general.