Las Provincias

Espiral independentista

El debate parlamentario con el que la Generalitat catalana abre cada curso político concluyó ayer con la aprobación, por los votos de Junts pel Sí y de la CUP, de una resolución que fija el calendario para la desconexión de Cataluña respecto al Estado constitucional. La resolución contraviene los preceptos legales en que se fundamenta la convivencia entre los catalanes y el resto de los españoles, incluidas las previsiones que contempla el Estatut para su reforma. Al tiempo que se enfrenta de manera descarnada a la sentencia por la que el Tribunal Constitucional anuló en julio pasado las conclusiones de la Comisión parlamentaria sobre el 'Proceso Constituyente' para una república catalana. La Mesa presidida por Carme Forcadell desoyó ayer los requerimientos del PSC y de Ciudadanos y el PPC para que no se tramitara tal resolución, cuando ya el TC había cursado ante la fiscalía la información pertinente sobre el incumplimiento de su auto de julio para que el ministerio público valore si pudieran ser considerados delictivos y objeto de querella criminal. El independentismo catalán trata de cortar amarras cuanto antes con la ley y las decisiones judiciales porque únicamente así garantiza la mayoría sobre la que se hizo posible la investidura de Carles Puigdemont. Es la CUP la que determina el fondo y la forma de tan disparatado 'proceso', porque ERC y los herederos de Convergència solo podrían prescindir del concurso de la radicalidad dando marcha atrás a una deriva que forma parte ya de su respectivo ritual. También ayer el Tribunal Supremo pidió al Congreso el suplicatorio para procesar al diputado Francesc Homs e igualarle, así, a la suerte judicial que corren Mas, Ortega y Rigau por la organización de la 'consulta participativa' del 9 de noviembre de 2015. El independentismo está abonado al agravio como teoría general de su propia causa. Teoría que transfiere al 'otro' -el PP, el Estado, el PSOE o un Poder Judicial cuya independencia cuestiona- las responsabilidades sobre una espiral que el secesionismo alimenta a conciencia para mantenerse unido. La votación de ayer será impugnada por el Gobierno central aunque esté en funciones, al margen de que no suponga un acto parlamentario con relevancia jurídica. Es lo que busca el independentismo, y es lo que no puede eludir el Estado en defensa de una democracia legal.