Las Provincias

SINDICATOS IMPRUDENTES CON LAS FAMILIAS

Estas semanas está siendo polémico un estudio científico de la Universidad Carlos III de Madrid que señala que se ha detectado "un efecto negativo sobre el nivel de competencias y conocimientos de los alumnos en aquellas materias que se han enseñado en inglés". Ya saben, el gran hándicap -a pesar de sus otras virtudes- de impartir una asignatura en una lengua diferente a la del alumno es que su aprendizaje en dicha materia puede quedar limitado por su conocimiento del idioma.

El estudio ha sido posible por la transparencia de los datos madrileños, al alcance de los investigadores para que planteen sus propias hipótesis. Ciencia, lo llaman. Aquí, toda esa recopilación de datos no es accesible para los investigadores.

El estudio ha servido para atacar el modelo bilingüe de Madrid por parte de sindicatos y agentes educativos contrarios, fundamentalmente, a la política del gobierno autonómico. Tiene su paradoja, porque buena parte de ellos son, en equivalencia, los mismos que apoyan las bondades del trilingüismo valenciano, de tal forma que todo lo malo que tiene educar en dos lenguas, se convierte en loas para cuando son tres.

En este sentido, la propuesta de la Conselleria 'desvía' la vehiculación en inglés a áreas de menor carga curricular, con lenguaje menos técnico, y crea un tiempo específico, la nueva asignatura de Competencia Comunicativa Oral, para la práctica de las lenguas.

Creer en esa posibilidad de que la sociedad valenciana encuentre un punto en común en materia lingüística, no quita para estimar que la propuesta olvida dos criterios importantes. El primero, el de la lengua materna, ya no sólo como derecho de los hablantes sino ni siquiera como la aliada más eficaz para la adquisición de conocimientos. El otro es la limitación de la incorporación del inglés, de tal forma que las zonas castellanohablantes, reconocidas por la LUEV y sobra decir que valencianas como cualquiera, quedan perjudicadas.

Y en éstas, los sindicatos -¿los sindicatos?- reclaman mayor velocidad y piden poner plazos para que los centros escalen en los niveles lingüísticos propuestos, de tal forma que de nuevo insisten en un modelo de inmersión lingüística, aunque sea con moratoria, pues su objetivo se mantiene: si no es ya, que la imposición sea al cabo de unos años.

A la par, defienden una 'Ley de Derechos Lingüísticos', un nombre orwelliano que recuerda a los ministerios de la verdad para la guerra o el de la verdad para la propaganda, pues de inicio plantea, entre otras cosas, eliminar las exenciones al valenciano en estas zonas bajo la excusa de que la decisión de las familias no pueden limitar las posibilidades futuras de los niños por no aprender nuestra lengua.

Es bastante atrevido, por decirlo suave, que estas organizaciones sean tan ligeras en dotarse de superioridad moral sobre las familias, como si su preocupación por los niños fuera mayor que la de los padres o madres. Y así, aplauden con facilidad que a las familias se les retire la palabra en decidir la lengua de escolarización, "»omo tampoco deciden si tienen que estudiar o no matemáticas». Claro, por las mismas, tampoco su propuesta es de "derechos matemáticos" sino lingüísticos porque a nadie se le escapa que no hay conflicto en expresarse en números arábigos o romanos.

Y, en cambio, suena bastante como «paja en ojo ajeno» cuando el anhelo social -independientemente de nuestras lenguas cooficiales- es mejorar la capacitación del inglés. Entonces todo es comprensión hacia la prórroga hasta el 2027 de la exigencia docente de capacitación lingüística, aunque en esta década el niño que ahora comienza Primaria habrá terminado la Obligatoria.

¿Dónde está entonces esa preocupación por las oportunidades de los niños 'a pesar de' las familias? ¿Por sus derechos lingüísticos que también se menoscaban si nuestra escuela no les preparan para un mundo interconectado cuya lingua franca es la inglesa? Invertir en formación docente, todo lo que haga falta, ¿pero debe quedar el niño condicionado a la voluntad de quien debe enseñarle? ¿Es una voluntad superior que la de su familia?

El plurilingüismo llevará su tiempo y su presupuesto y las familias asumen que es carrera de medio fondo. Pero eso no significa que se inviertan los papeles de quién tiene la obligación de adaptarse laboralmente y quién puede tomar, como ciudadano, sus propias decisiones. Algún sindicato parece confundirlo.