Las Provincias

Efectos de las sucesiones transfronterizas

Más de la mitad de los cuatro millones de extranjeros residentes en España son ciudadanos de la Unión Europea. Bélgica, Austria, Suecia, Reino Unido, Alemania y Holanda son los países con más nacionales que viven en territorio español.

Las sucesiones y el régimen económico matrimonial son los asuntos jurídicos más frecuentes y con mayor trascendencia jurídica entre los extranjeros residentes en España. Según la Comisión Europea se estima que alrededor del 10% de las sucesiones que se producen cada año en el territorio de la Unión Europea presentan una dimensión internacional. El nuevo Reglamento Europeo en materia de sucesiones, en vigor desde el 17 de agosto de 2015, busca garantizar la seguridad jurídica de las 450.000 herencias transfronterizas por valor patrimonial de 125.000 millones de euros que se producen al año.

El Reglamento es de aplicación sólo a las sucesiones que tienen repercusiones transfronterizas en todo el territorio de la Unión Europea, salvo Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, países que no han participado en la adopción del Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación: a las sucesiones de nacionales de dichos países se les aplica la ley nacional que tuvieran en el momento de su fallecimiento.

Un sueco, holandés, alemán, belga o un británico residente en Benidorm desde hace muchos años ¿puede hacer testamento en España relativo a los bienes que tenga en nuestro país?. ¿Cuál será la ley que rija su sucesión?. ¿Qué ocurre si tiene bienes en su país de origen y en España?. ¿Cuál será la consecuencia sobre su sucesión si es ciudadano de un país al que no la afecta el Reglamento?. ¿Y si al cabo de muchos años muere siendo español pero su testamento se otorgó en su país de origen?. Éstas preguntas y otras similares son las que plantea la aplicación de la nueva normativa.

El Reglamento fija, como novedad, que la sucesión se regirá por una única ley, la del Estado de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento, siendo ésta la norma general. El problema radica en la interpretación del concepto de residencia habitual al existir diversos criterios en el Reglamento que inducen a confusión. No obstante, la gran novedad del Reglamento ha sido el establecimiento de la facultad del causante de designar en su disposición de última voluntad la ley que va a regir su sucesión, permitiéndole optar por la ley de un Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. Esta exigencia de conexión con la nacionalidad es comprensible para evitar que un ciudadano, por ejemplo un español, pueda elegir como su ley sucesoria la de un país en donde rige la libertad de testar, violando así la norma que sobre legítimas establece nuestro Código Civil, esto es, la parte de la herencia que debe dejarse por Ley a hijos, descendientes, ascendientes y cónyuge.

El Certificado Sucesorio Europeo creado por el Reglamento no es obligatorio solicitarlo pero sí su expedición por la autoridad competente un vez requerido para ello. Su finalidad es acreditar ante otro Estado miembro la cualidad de herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores, siendo un documento muy útil para obtener información sobre los bienes del causante cuando, teniendo una nacionalidad concreta, residió largos años en un país distinto. Sus herederos podrán solicitarlo, por ejemplo, para requerir a las entidades bancarias del país donde vivía el causante sobre la existencia de posibles depósitos de dinero o valores.

Si desde la perspectiva de la ley sucesoria aplicable se ha producido un gran avance, si bien con gran complejidad jurídica en su aplicación como se ha apuntado, no cabe afirmar lo mismo desde el punto de vista de la fiscalidad que acompaña dichas sucesiones.

A falta de una norma europea que armonice el Impuesto sobre Sucesiones, hay que tener presentes dos cuestiones. La primera es que España, tan solo ha suscrito y tiene vigentes tres convenios para evitar la doble imposición en materia sucesoria con Francia, Grecia y Suecia. Respecto al resto de Estados, habrá que estar a lo que dispone la normativa nacional para evitar la doble imposición. Han sido reiteradas las recomendaciones de la Comisión Europea proponiendo a los Estados miembros mecanismos para evitar la doble imposición internacional en materia de sucesiones, sin que hasta la fecha ello se haya plasmado en normas concretas. Habrá pues que seguir esperando.

La segunda y más importante, es que en todo caso habrá que estar muy atentos a los puntos de conexión que establezcan las normativas nacionales aplicables en el Impuesto sobre Sucesiones y las posibles vulneraciones que las regulaciones del Impuesto sobre Sucesiones de cada Estado puedan suponer respecto a la normativa de la Unión Europea, muy particularmente respecto a cualquiera de las libertades sobre las que se asienta la Unión (Derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos, junto con la liberta de circulación de capitales, mercancías y servicios). Buena prueba de ello, fue la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, que vino a declarar que la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones estatal como contraria a las disposiciones del tratado de la Unión en materia de libre circulación de capitales. Esta sentencia motivó la modificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones estatal, para eliminar el trato discriminatorio que puso de manifiesto el Alto Tribunal.

No sólo la aplicación de la ley sucesoria implica una gran complejidad en las sucesiones con repercusiones transfronterizas sino también la fiscalidad que las acompaña, lo que las convierte en cuestiones de gran relevancia para los europeos que, cada vez más, cambian su lugar de residencia.