Las Provincias

La necesidad de modificar el impuesto de sucesiones y donaciones

Uno de los tributos con cada vez mayor repercusión entre los contribuyentes es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, dado que en que toda operación de transmisión lucrativa entre personas físicas, normalmente dentro del ámbito familiar, estaría sujeta a este Impuesto, sea de inmuebles, empresas (participaciones) y/o efectivo; pero, pese a su importancia, existen una serie de carencias que, en la práctica, se vienen detectando en la normativa que lo regula, tanto las relacionadas con los incentivos fiscales que reducen la carga fiscal como en los requisitos formales para que éstos sean aplicados.

Este Impuesto es uno de los cedidos a las Comunidades Autónomas y, que en nuestra Comunidad se caracteriza por una serie de beneficios fiscales muy relevantes que son de aplicación, básicamente, en transmisiones lucrativas entre personas de parentesco de primer grado (hijos, padres y cónyuges) cumpliendo con el requisito formal de documentar la operativa en escritura pública y, cuando se trata de transmisiones inter vivos, que el patrimonio preexistente del que recibe no supere los dos millones de euros.

Concretamente, los incentivos fiscales a los que nos referimos consisten en la reducción de 100.000 euros en base cumpliendo una serie de requisitos formales y de parentesco; y, de la cuota que pueda resultar sólo se abona finalmente el 25% de la misma (bonificación del 75%), lo que supone que la tributación por una donación o herencia en la Comunidad Valenciana sea nula o de importe muy bajo en comparación con otras comunidades autónomas.

A modo de ejemplo, es llamativo encontrarse con una donación de padres a hijos con un coste fiscal muy bajo en nuestra Comunidad pero más elevado en los hijos con residencia en otra Comunidad. De ahí que resulte necesaria una mayor armonización de este impuesto a nivel estatal, encaminada a homogeneizar ciertos beneficios fiscales aplicando, eso sí, cierto grado de progresividad. No creemos que esta armonización deba basarse en la supresión de los beneficios fiscales de los que gozan ciertas comunidades. Recordemos que el donatario ha venido tributando durante toda su vida fiscal la obtención de los rendimientos que ahora efectúa en la donación.

Como se ha indicado en distintos medios, la Comunidad Valenciana tiene la intención de reducir estos beneficios bajo la premisa de aumentar la carga según la capacidad económica y patrimonial del contribuyente. La propuesta se sitúa en que la reducción por parentesco en transmisiones inter vivos de 100.000 euros, disminuya su importe según sea mayor el patrimonio preexistente:

Si el patrimonio preexistente es inferior a 0,5 millones, la reducción es completa, pero, entre 0,5 y 1 millones, se pueden aplicar 75.000 euros de reducción; entre 1 y 1,5 millones, 50.000 euros de incentivo; entre 1,5 millones y 2, pueden aplicar 25.000 euros y, tal y como dispone actualmente la normativa, aquellos contribuyentes con patrimonio preexistente superior a dos millones de euros no tendrán posibilidad de aplicar dicha reducción

En la misma línea debiera aplicarse el incentivo fiscal referido a la bonificación en cuota, esto es, que conforme el patrimonio preexistente del contribuyente sea mayor, disminuya su efecto. Así, para patrimonios preexistentes inferiores a 0,5 millones, bonificación del 75%, de entre 0,5 y un millón, bonificación del 60%; entre 1 y 1,5 millones, bonificación del 40%; entre 1,5 millones y 2, bonificación del 20%, no existiendo bonificación para más de dos millones.

Otra de las medidas de carácter formal, es eliminar el requisito relativo a la obligatoriedad de documentar las donaciones de efectivo con documento público con el fin de poder aplicar los incentivos comentados anteriormente. Entendemos que sería suficiente con reducir tal obligatoriedad a la existencia de documento privado y presentado en plazo en registro de entrada de la hacienda autonómica lo que facilitaría la oficialización de tal operación, permitiendo un mayor control de este tipo de transacciones. En la práctica, sobre todo cuando se transfieren importes pequeños, los sujetos intervinientes se limitan a la realización de la correspondiente transferencia bancaria entre donante y donatario, quedando sin formalizar en documento público por motivos de desconocimiento, poca relevancia de los importes transmitidos o por no querer asumir costes de notaría. Cuando los importes son elevados, se trata de un sobrecoste que podría evitarse.

Como última medida, entendemos que es imprescindible facilitar al máximo la transmisión de la empresa familiar, verdadero motor económico de la Comunidad Valenciana y en la que estamos observando cada vez en mayor medida verdaderos problemas a su continuidad. Por ello es fundamental mantener, y probablemente incrementar las mejoras existentes sobre la reducción del 95% establecida a nivel estatal. Sin embargo, en estos casos siempre tenemos en consideración el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuando en muchas ocasiones es todavía más importante, si cabe, la tributación en el IRPF. Es fundamental que la no tributación de la ganancia patrimonial, en sede del donante, de las participaciones ostentadas en una empresa con el fin de llevar a cabo una sucesión generacional, se aplique tanto si se cumplen los requisitos establecidos para la reducción del 95% del valor transmitido contemplada en la normativa estatal como en la autonómica. Dado que, actualmente sólo opera en el caso de que se cumplan los requisitos establecidos a nivel estatal, al final quita relevancia a las mejoras autonómicas en este impuesto.