Las Provincias

Refugiados a la carta

En septiembre se cumple un año desde que las autoridades valencianas anunciaran el compromiso público de crear una 'Red de acogida de refugiados'. Los ciudadanos recordarán que el alcalde de Valencia y la Vicepresidenta del Consell no sólo fletaron un barco para visitar los campamentos de refugiados de las islas griegas, sino que se comprometieron a firmar un 'documento declarativo' con aquellas autoridades e incluso el propio Ribó puso a disposición el edificio 'Veles e vents' de la Marina Real.

Si evaluamos el impacto de estas iniciativas, comprobamos que las palabras se la lleva el viento y que esta fogosa voluntad de acogida se quedó en cenizas de palabrería. Aunque estas autoridades echen balones fuera y atribuyan al gobierno central la responsabilidad en las políticas de asilo y refugio, los valencianos deberían saber que sus autoridades conocen bien sus competencias en materias de política social y que, por lo tanto, cuando anunciaron esas medidas les engañaron, ya sabían que no tenían competencias en esas materias. Sin embargo, sí la tenían para mantener abierto el 'Centro de Estudios para el estudio y la integración de los inmigrantes' (CeiMigra) y, paradójicamente, su cierre fue una de las primeras medidas del gobierno valenciano. Los firmantes del Pacto del Botánico no gestionan la memoria de estos temas, como si la inmigración, el refugio y el asilo fueran globos sonda y herramientas retóricas que se instrumentalizan para conmover emocionalmente a la opinión pública.

A esta instrumentalización deberíamos añadir la inacción de los gobiernos europeos en general y el gobierno español en particular. Aunque tengamos un gobierno en funciones, deberíamos preguntarnos por qué nuestras autoridades competentes sólo han acogido 500 y no 17.000, como se comprometieron. Como en otros muchos temas, en este de los refugiados la sociedad española es mucho más inteligente, solidaria, generosa y sincera de los que son sus políticos. Así lo ha demostrado un reciente estudio europeo sobre los solicitantes de asilo donde se muestra claramente que los españoles son los ciudadanos que menos pegas ponen a los solicitantes de asilo.

Esto no significa que debamos quedarnos con los brazos cruzamos como educadores públicos porque la situación es dramática. Solo en lo que va de año han muerto más de 3.200 personas ahogadas en el Mediterráneo. Además, el estudio al que nos referimos analiza los prejuicios que tenemos ante los refugiados y nos recuerda que los niveles de aceptación disminuyen si se tratan de musulmanes y pobres. Aceptación que aumenta si se trata de profesionales con formación que han sido maltratados, torturados o perseguidos por sus creencias o credos. Algún día deberíamos analizar con calma estas contradicciones porque el derecho humanitario no se creó para gestionar refugiados 'a la carta'.