Las Provincias

Marcha atrás del Consell

La anunciada disposición del Consell a convertir en funcionarios directamente, sin pasar por una oposición, a los más de 5.000 empleados interinos que actualmente trabajan en la Administración valenciana ha chocado con los inevitables obstáculos que cabía esperar y que LAS PROVINCIAS señaló cuando se hizo público el plan de la Consellería que dirige Gabriela Bravo. Y ese obstáculo insalvable no es otro que el del Estatuto de la función pública, la norma que determina que el acceso al funcionariado deberá realizarse mediante una oposición, no pudiendo programarse un camino diseñado a medida para los interinos. La situación de estos trabajadores merece ser tenida en cuenta y estudiada por los gobernantes, pero sin que eso suponga en ningún caso saltarse los trámites que establece la ley y que se basan en el principio de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Lo que más sorprende de este extraño caso de marcha atrás del Consell es que una Administración pudiera llegar a considerar siquiera esta posibilidad, conociendo lo que es público y notorio, es decir, que no caben excepciones a la regla y que la función pública tiene sus vías de acceso tasadas y limitadas. Asunto distinto es que analice las razones por las que la Generalitat, como sucede en otras autonomías, llega a acumular semejante cantidad de trabajadores interinos, cuya situación de provisionalidad se alarga a través de los años, enquistando un problema que habría que atajar desde el principio. Los políticos están para resolver los problemas de los ciudadanos, con imaginación pero, al mismo tiempo, con sensatez. Y siempre, con obediencia estricta al marco legal, al Estado de derecho. La ocurrencia -porque no se puede calificar de otro modo- de hacer funcionarios a los interinos sin tener que aprobar una oposición ya ha pasado a formar parte del capítulo de las improvisaciones de unos gestores que hacen gala con excesiva frecuencia de una excesiva bisoñez para el cargo que ocupan.