Las Provincias

Corredor sí, pero con un socio leal

En unas circunstancias históricas especialmente convulsas para España, con un Gobierno en funciones desde hace nueve meses y con un desafío independentista sobre la mesa, y a pesar de que su partido ha cerrado filas con la Constitución y el modelo autonómico, el presidente Puig arropó ayer al líder soberanista catalán Carles Puigdemont, al que acogió en el Palau como socio preferente, declarando su voluntad de mantener unas relaciones no sólo fluidas sino incluso mejores que en el pasado aunque Cataluña dé el paso hacia la independencia, lo que da oxígeno a un presidente de la Generalitat catalana sin ningún apoyo entre los partidos constitucionalistas.

La obsesión de Puig y de su socio en el Consell -Compromís- por desmarcarse del Gobierno central les ha llevado en esta ocasión demasiado lejos. Porque si hay que ser exigentes con Madrid para que reforme un sistema de financiación que es claramente injusto para los intereses valencianos, mucho más hay que serlo con Barcelona para que no trate de hacer saltar por los aires un modelo de convivencia que con aciertos y con errores ha dado estabilidad y prosperidad al conjunto de España. La excusa de reivindicar la ejecución del corredor mediterráneo -esgrimida para celebrar la cumbre entre los presidentes autonómicos- no puede ser un aval político para quien quiere romper con el Estado. La infraestructura ferroviaria merece ser ejecutada, por supuesto, pero con un socio leal y de fiar.

En una España autonómica que camina hacia las cuatro décadas desde la implantación del modelo, estas visitas o encuentros entre presidentes de comunidades constituyen una práctica habitual, si bien en algunos casos son utilizadas por dirigentes que sueñan con presidir no una región sino un Estado como una especie de trampolín mediático fuera de sus límites territoriales. En condiciones normales, nada habría que objetar a un acto de semejantes características. Antes al contrario, parece lógico que dos regiones vecinas a las que afecta una infraestructura clave para su desarrollo económico, como es el citado corredor, dialoguen y traten de coordinar acciones destinadas a procurar una pronta y eficaz ejecución de la obra. Sin embargo, no nos encontramos en esa situación de normalidad en lo que respecta a las relaciones con Cataluña. Y no por culpa de Valencia, ni del resto de España, sino sencillamente porque el Gobierno catalán planteó hace años un pulso en toda regla al Estado español, a la Constitución de 1978, al modelo autonómico y a la solidaridad entre sus regiones que consagra la Carta Magna, un principio que se torpedea sin rubor con el burdo y demagógico argumento del ya famoso «Espanya ens roba».

No se trata de una cuestión teórica, no estamos ante un debate de ideas, siempre respetable, sino ante un auténtico pulso a las instituciones democráticas. Lejos de dar un paso atrás para buscar espacios de acuerdo, el soberanismo catalán ha redoblado recientemente sus esfuerzos rupturistas. Ayer mismo, el exconseller catalán Francesc Homs no sólo ratificaba ante el Tribunal Supremo su actuación en la consulta del 9-N, a pesar de haber sido declarada ilegal, sino que anunciaba su propósito de no acatar una sentencia que ya prevé condenatoria, mostrando una vez más la disposición de los independentistas a transitar por la peligrosa senda de la desobediencia. Una resolución que hace aún más incomprensible la actitud de Puig.