Oltra abre la puerta a rescatar también la gestión de las residencias concertadas

Mónica Oltra, ayer, en la presentación de la ley. / EFE/Kai Försterling
Mónica Oltra, ayer, en la presentación de la ley. / EFE/Kai Försterling

La patronal afea a la conselleria que no haya tenido en cuenta sus propuestas para elaborar la nueva ley y no acude a su presentación

D. GUINDO VALENCIA.

Primero, el sector público; después, el concierto social con entidades sin ánimo de lucro y, por último, la contratación con empresas privadas. Éste es el planteamiento, por orden de prioridad, que hace la futura ley de servicios sociales a la hora de hacer provisión de plazas para los solicitantes en residencias, centros u otras prestaciones de este ámbito. Una norma que, presumiblemente, se aprobará en el último trimestre del año y cuyo borrador presentó ayer la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. En base a ello, y aunque no está recogido expresamente en la nueva normativa, el Consell abre la puerta a rescatar la gestión de las residencias, centros de día y otros servicios de titularidad pública pero que, en la actualidad, su administración ha sido concertada con empresas privadas. «Es una posibilidad», dijo Oltra. De esta forma, la vicepresidenta se suma también a las acciones impulsadas por su compañera, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en su afán por rescatar la gestión de hospitales públicos como el de La Ribera.

Por su parte, desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), replicaron que «llevamos mucho tiempo haciendo aportaciones al anteproyecto de ley, aunque prácticamente no se ha aceptado ninguna»; «no entendemos este rechazo al trabajo que llevamos a cabo las empresas». En esta línea, José María Toro, director gerente de la entidad, recordó que «en los peores momentos de la crisis fuimos un amortiguador para el sistema manteniendo los centros abiertos y los puestos de trabajos a pesar de los continuos impagos de la Administración». Toro destacó también que el informe DEC 2017 de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales resalta el gran déficit de plazas de todo tipo que existe en la Comunitat. «Para alcanzar la media española de plazas residenciales para mayores se debería disponer de unas 13.000 plazas más, es decir, casi un 50% más de las actuales», resumió.

Para Aerte, la postura del Consell puede hacer que «entidades que quieren venir a invertir a la Comunitat, para mejorar y ampliar la red de atención a personas en situación de dependencia, decidan apostar por otras autonomías, lo que provocará que, en un plazo breve, no tengamos plazas para atender a los miles de ciudadanos que lo necesiten». Los representantes de Aerte decidieron ayer no acudir a la presentación del borrador de la nueva ley.

Por otra parte, la nueva norma prevé que se incluya en las tarjetas sanitarias SIP no sólo el historial médico, sino también el de los servicios sociales (por ejemplo, el grado de dependencia o si una mujer ha sido atendida por violencia doméstica).

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