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La presidenta del TSJ de la Comunitat, ayer, durante su discurso en el Palacio de Justicia. EFE/Kai Försterling
De la Oliva reclama más medidas  de seguridad tras el incendio

De la Oliva reclama más medidas de seguridad tras el incendio

La presidenta del TSJ asegura que se podía haber gestionado mejor la crisis por el siniestro en la Ciudad de la Justicia

A. RALLO

VALENCIA.

Sábado, 21 de octubre 2017, 01:02

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El discurso de la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, durante la apertura del Año Judicial en la Comunitat sirve de balance del último año y plantea algunas de las cuestiones más necesarias para el siguiente ejercicio. Estas últimas, por lo general, siguen estando pendientes cuando llega la hora de elaborar el siguiente discurso. Las reformas y/o mejoras en la Justicia no se caracterizan por su inmediatez.

De la Oliva aprovechó para comentar las consecuencias del incendio que inhabilitó la Ciudad de la Justicia de Valencia. Pidió perdón a los ciudadanos y admitió que la gestión de la crisis «podría haberse hecho mejor». El mensaje, deliberadamente ambiguo, se puede interpretar como una cierta autocrítica, pero también como un dardo hacia los responsables de la Conselleria de Justicia. La consellera Gabriela Bravo no estaba presente, aunque sí otros altos cargos del departamento, que encajaron el mensaje como un reproche.

A continuación, la presidenta pidió el establecimiento de protocolos y mecanismos de prevención de seguridad para todos los usuarios. El incendio evidenció que existió un problema con la alarma de seguridad. Aunque funcionó nadie se percató del aviso. La Guardia Civil, por otro lado, lleva más de un año reclamando mejoras de seguridad. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia no funcionan.

La respuesta, en parte, llegó en el mismo día. El Consejo de Ministros aprobó ayer una inversión de 45 millones de euros para un contrato de servicio integral de seguridad y control de accesos de sedes judiciales. El nuevo servicio tendrá una duración de dos años y entrará en vigor el próximo mes de enero.

No sentaron bien la palabras de De la Oliva sobre el plan de urgencia propuesto por la Sala de Gobierno. Fuentes de Justicia señalaron que esa iniciativa no sería posible sin el esfuerzo de la Generalitat, que ha contratado 40 funcionarios para la medida que tiene como objetivo celebrar y resolver los cerca de 2.500 juicios que se suspendieron por el grave incidente.

La Justicia, en boca de la presidenta del TSJ, sigue reclamando medios. El año 2016 se cerró con 260.000 asuntos pendientes de resolverse. Y eso pese a que la reducción de entrada de causas ha permitido sacar otros 40.000 procedimientos acumulados. De la Oliva lamentó las dificultades para conciliar vida personal y laboral y reclamó medios efectivos para que esos derechos sean reales en la práctica. Recordó que los nuevos juzgados -14 en la Comunitat- no son precisamente un éxito porque estaban previstos desde 2010. La crisis de la Generalitat frenó la creación de estos órganos. Pero esto no solucionará los problemas que acumulan determinados partidos judiciales.

De la Oliva quiso ofrecer un papel activo para llevar a la Administración de Justicia de la Comunitat al siglo XXI y terminar con la deficiente organización del sistema de juzgados y tribunales. El proceso cree que debe ser liderado por la judicatura. «No se pretende un traje a medida de cada juez o magistrado, pero nuestra opinión resulta ineludible en su diseño». La magistrada reflexionó acerca de que jueces y magistrados no pueden permanecer ajenos a estos procesos: las estructuras, los medios materiales, las herramientas informáticas...».

Una diferencia notable respecto a los anteriores discursos de De la Oliva fue la ausencia de cualquier referencia a los asuntos de corrupción. Una constante en sus intervenciones del pasado año, pero también en los parlamentos de 2015 y 2014. La presidenta del TSJ lamentó entonces la escasez de medios para luchar contra la corrupción, una circunstancia que reprochó a la Administración. La situación hoy ha cambiado y la Sala de lo Civil y Penal, por suerte, no vive esa situación de colapso que propició en su día la acumulación de causas de corrupción. «La sofisticación de muchos de sus delitos hace muy difícil pasar de los indicios a las pruebas», dijo entonces De la Oliva, que reclamó a la Administración un «apuesta inequívoca» para combatir esa lacra.

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