La obstinación del conseller Marzà por imponer su modelo le lleva a agotar todos los plazos

El conseller de Educación, Vicent Marzà. / jesús signes

El decreto del plurilingüismo ya acumulaba una decena de recursos unos meses después de su aprobación

D. G. VALENCIA.

«Han dilatado los plazos con la idea de que empezara el curso y se pudiera aplicar» el decreto del plurilingüismo. Así lo cree Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa), quien añade que, por ejemplo, «la matriculación de Secundaria y Bachillerato se podría haber hecho sin ninguna referencia al plurilingüismo no han querido».

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De hecho, antes incluso de que el decreto fuese una realidad y su contenido únicamente se hubiese plasmado en un borrador, LAS PROVINCIAS ya advirtió que los estudiantes de zonas castellanoparlantes que solicitaban no ser evaluados en la asignatura de valenciano no iban a poder convalidar directamente su nivel de inglés, lo que ya suponía una penalización para este alumnado.

De hecho, a mediados de marzo y después de que los consejos escolares votaran por los modelos lingüísticos escogidos (los que ya regulaba el decreto, aprobado a finales de enero), el 70% de los centros ya se habían decantado por un modelo que aumentaba el peso del valenciano en sus alumnos. El decreto preveía recursos adicionales a los colegios que apostaran por la lengua autóctona que, a la postre, son los que más horas de inglés podrían impartir.

En abril, el citado decreto ya acumulaba nueve recursos de padres y profesores, que finalmente serían diez por la vía ordinaria y dos más por cuestiones que afectan a derechos fundamentales. Uno de ellos, el del CSI-F, ha sido el que ha motivado la anulación de la disposición que supone el eje central de la norma. A finales de ese mes, el TSJ ha había admitido el recurso de la Diputación de Alicante contra el modelo lingüístico impulsado por Marzà. En ese momento, la conselleria de Educación ya podría haberse replanteado la idoneidad del decreto y si no hubiese sido conveniente contar con un consenso mayor a la hora de impulsarlo.

A finales de mayo, la Justicia daba el primer varapalo al conseller y paralizaba, de forma cautelar, el decreto plurilingüe, y ya en ese momento el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat sostenía que, de no suspenderse, «muchos alumnos podrían ver disminuidos sus derechos» por los títulos de idiomas. El conseller volvió a hacer oídos sordos y continuó adelante con su modelo, apoyado especialmente por el sindicato Stepv y Escola Valenciana.

A raíz de ahí, distintos recursos más fueron prosperando y se sumaban a la paralización cautelar para reforzarla, como los presentados por la Asociación Defensa del Castellano o el sindicato USO-CV, todo ello a principios de junio. Marzà volvía a estirar los plazos para recular y se mantenía firme en su postura. Ni siquiera el rechazo de los recursos que presentaba contra la citada suspensión cautelar conseguían que el conseller modificara un ápice su modelo y reabriera las negociaciones para tratar de acercar posturas y satisfacer a las distintas sensibilidades.

Un cumplimiento cuanto menos relativo de este mandato de suspensión cautelar llevó al TSJ a darle un plazo de cinco días para justificar qué medidas estaba adoptando y, tras el informe presentado por Educación, el tribunal le contestó que no era suficiente, y que debía volver al modelo anterior.

Ahora, ya entre la espada y la pared, la conselleria no tiene más remedio que acatar la decisión judicial aunque, al menos de momento, no ha dejado claro cómo va a cumplir la sentencia que desarbola el decreto y el auto que insiste en retornar al modelo de 1997 y 2012.

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