Las obras de la cárcel de Siete Aguas, con más presupuesto pero sin fecha

Como indicaron desde Delegación del Gobierno, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentó a principios de abril el ministro de Hacienda parecía devolver la vida a una construcción que arrancó en 2012 y se detuvo al reducirse el grifo de las inversiones. En concreto, se asignaba esta considerable partida económica de 34 millones. Sin embargo, hasta que los presupuestos no se aprueben no regresarán las máquinas y operarios. Y para eso aún no hay fecha en el calendario, según el Siep.

El proyecto nació con un presupuesto de 140 millones. El año pasado se presupuestaron 177.000 euros para Valencia II, pero tampoco a lo largo de 2017 hubo avances constructivos. Otro año en la estacada. Es ahora cuando al fin el Gobierno quiere destinar una inversión lo suficientemente elevada como para permitir seguir adelante con la infraestructura penitenciaria. Y según el proyecto de ley la inyección económica seguirá en los próximos años. En 2019, por ejemplo, hay previstos otros 33 millones para la construcción de la cárcel. En 2020 la dotación se eleva a casi 50.

LAS PROVINCIAS consultó a Instituciones Penitenciarias sobre la fecha para retomar las obras, porcentaje de ejecución actual y estimación para su conclusión. El organismo no responde. Tampoco aclara cómo está protegiendo los bloques ejecutados o si lo construido hasta la fecha se ha deteriorado.

La negativa del organismo gubernamental a la hora de facilitar una fecha no resulta extraña si tenemos en cuenta los batacazos del Gobierno en sus previsiones con el proyecto: Febrero de 2013. Los entonces diputados socialistas Ximo Puig y Herick Campos preguntan al Gobierno por la cuestión y el Ejecutivo indica que prevé finalizar las obras en 2016. Han pasado dos años y la realidad es bien distinta.

Ya a principios del año pasado, en otra respuesta parlamentaria, el Gobierno aseguraba que la apertura de Siete Aguas «no es urgente». Lo justificaba en el «descenso de la población reclusa» y en que Picassent estaba «por debajo de los 2.000 reclusos, la cifra más baja de los últimos años». Ahora, tras altibajos, recortes y contradicciones, de nuevo parece que hay interés del Gobierno a juzgar por los 35 millones presupuestados.