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La negociación del pacto educativo entra en la recta final

ALFONSO TORICES

MADRID.

Lunes, 15 de enero 2018, 23:34

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La negociación del pacto educativo, tras casi un año de escuchar a expertos y elaborar guiones para el debate, entra mañana en su fase decisiva. Representantes de todos los partidos del Congreso debatirán durante cuatro meses a puerta cerrada -con posibilidad de prórroga de los trabajos de la subcomisión- para comprobar si son capaces de alcanzar un acuerdo que permita pactar una nueva ley que sustituya a la Lomce del PP, y que sería, de salir adelante, la primera norma educativa consensuada de la democracia.

Ningún partido se ha desmarcado de las negociaciones ni de la búsqueda del pacto, salvo ERC, que anticipó que asistirá a los debates como oyente, pero que no lo firmará. Todos aseguran que van a intentarlo, pero todos también coinciden en que el acuerdo no será fácil y ya son varios los que ven más posible que los debates concluyan con acuerdos parciales para mejorar determinados aspectos del sistema educativo que con un pacto global, con un pacto de Estado, que podría ser imposible por varios temas enquistados en el debate político educativo.

El PP y Ciudadanos son los más entusiastas. Sandra Moneo, la portavoz popular, apostó por lograr «un pacto lo más ambicioso posible», que «dé al sistema los instrumentos para que pueda desarrollar todo su potencial». Cree que «es más lo que nos une que lo que nos separa» y que el pacto debe alcanzar a los 15 grandes apartados de los que se compone el guión acordado para la negociación. Marta Martín, de Ciudadanos, está convencida de se alcanzará el acuerdo educativo y también defiende que no puede ser un acuerdo «cosmético», sino uno que «no deje fuera nada de lo importante».

«Acuerdo global no sé, es complicado, pero acuerdos parciales ya creo que sí. Igual no hay pacto de Estado, pero sí acuerdo educativo», comentó la portavoz socialista en la subcomisión, Mari Luz Martínez Seijo. Los pactos, no obstante, para sean posibles, avisó de que tendrán que estar garantizados con un acuerdo de financiación con las inversiones mínimas que las distintas administraciones tendrían que hacer en colegios e institutos.

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