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Sábado, 10 de febrero 2018, 00:54
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Los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana debían a las compañías eléctricas, a principios de 1993, más de 4.000 millones de pesetas, según publicó LAS PROVINCIAS el 10 de febrero. No todos los ayuntamientos eran deudores, pero los que acumulaban recibos de luz sin pagar sumaban tan abultada cantidad, y la cuarta parte correspondía a tan sólo nueve de ellos.
Los principales morosos eran: Vinaroz, Benicarló, L'Olleria, Moixent, Benifairó de Valldigna, Torrevieja, Calpe y Benidorm. La deuda de este último llegaba a 400 millones de pesetas, el 10% del total.
El problema no era únicamente de la Comunitat Valenciana; la morosidad de los ayuntamientos españoles había provocado que los beneficios de las compañías eléctricas cayeran un 7% en el ejercicio anterior, 1992. La cuestión tenía -y tiene- además la consecuencia de que se encarecieran en general los recibos de todos los usuarios, ya que el sistema de facturación eléctrica está diseñado de tal manera que lo que no se recauda por impagados o fraudes de consumos reales se repercute a continuación por la vía de encarecer el precio del kilovatio a todo el mundo.
Los municipios de tamaño medio tenían mayores problemas que los pequeños y los grandes y el sistema chocaba encima con la imposibilidad, por ley, de cortar el suministro a servicios públicos.
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