El 70% de los municipios de la Comunitat Valenciana sólo ofrece aulas públicas de tres años en valenciano

Marzà, durante el pleno que convalidó el decreto ley. /M. Molines
Marzà, durante el pleno que convalidó el decreto ley. / M. Molines

La presencia de la lengua autonómica aumenta tras renunciar muchos centros a sus líneas en castellano después del 'decretazo'

JOAQUÍN BATISTA/RAFAEL LÓPEZ VALENCIA.

El curso 2017-2018 empieza hoy con el embrollo lingüístico aclarado sobre la campana tras el decreto ley que mantiene el modelo del Consell en las aulas de tres años, las de acceso al colegio. En síntesis permite conservar los programas que tenían en la admisión, los derivados de la normativa aprobada en febrero y suspendida cautelarmente en mayo por el TSJCV.

El escenario que se dibuja es claro: llamativa presencia de la enseñanza en valenciano para los nuevos alumnos, hasta el punto de que el 68% de los municipios con escuela sólo tienen la modalidad lingüística A, donde el valenciano es la base, en sus centros de la red pública, la que debe cubrir el servicio básico educativo de todo el territorio. Cabe recordar que el decretazo sólo se aplica en 1º de Infantil, mientras que a partir de 2º se mantiene el modelo anterior, con unos programas algo distintos en cuanto al peso de las lenguas. La información se extrae del decreto ley, que recoge el nivel a aplicar en los centros públicos y concertados de cada municipio.

El anexo recoge 381 localidades. 262, con diferentes casuísticas, sólo disponen para los alumnos de tres años de la modalidad A en los públicos. Esto significa que, a la semana, recibirán entre 16.30 y 18.30 horas de enseñanza en valenciano, cuatro en castellano y entre cero y dos en inglés. La gran mayoría, 171, son municipios pequeños donde sólo existe un colegio público. En 12 además de uno público hay otro (u otros) con concierto y con una opción lingüística distinta. Y en 48 existen más de un centro de titularidad de la Generalitat, todos en valenciano, además de otros concertados que sí ofrecen alguna alternativa. En las 31 localidades restantes todas las escuelas, independientemente de la titularidad, tiene la modalidad A.

Aunque es cierto que muchos basaban su enseñanza en la lengua propia en años anteriores, sobre todo en zonas valencianohablantes y en localidades pequeñas, con el modelo anterior -el que se mantiene a partir de 2º- existía la posibilidad de, en un sólo centro, ofrecer una línea en valenciano (Ppev) y otra en castellano (Ppec), lo que permitía cubrir, si existía, esta demanda de escolarización. Con el decreto ley desaparece en 1º de Infantil.

Era una opción que se daba con frecuencia en núcleos urbanos más grandes, que es donde más se ha notado el cambio de modelo. Municipios como Alaquàs, Benetússer, Bétera, La Vila Joiosa, Calpe, Castellón, Cullera, Gandia, Vall d'Uixò, Mislata, Massamagrell, Mutxamel, Ontinyent, Puçol, Quart, Sant Joan, Xàbia o Xàtiva ejemplifican este paso hacia el valenciano. En todos, hace un año, había al menos una línea en castellano en algún colegio público para los nuevos alumnos, oferta que ha desaparecido.

El escenario analizado desde el otro extremo es el siguiente. Hay 65 localidades donde la oferta pública es sólo en castellano para 1º de Infantil (modalidad C). En 50, las más pequeñas, sólo hay un centro de la Generalitat, en 14 todas las escuelas, públicas o concertadas, aplican este mismo nivel, y en una -Orihuela- todos los públicos hacen lo mismo, aunque hay un concertado con nivel B (Intermedio).

El Consell justifica el decreto ley en la urgencia ante el inicio del curso, la falta de respuesta del TSJCV a su último recurso -pese a que no pidió que se resolviera en agosto- y para evitar el caos que habría implicado variar los programas lingüísticos que las familias de nuevo acceso eligieron en la admisión. En realidad los nuevos programas -A, B o C- son calcos de los modelos del decreto impugnado -Avanzados, Intermedios y Básicos-, vigente en la última escolarización. Sin embargo, los datos dan para pensar que no se ha querido renunciar a este cambio de escenario a favor del valenciano.

Como destacan las entidades y partidos críticos con el Consell, los colegios eligieron los programas en base a un decreto que al aumentar la presencia del valenciano permitía dar más peso a la lengua inglesa en Primaria. El nivel a aplicar lo proponía el claustro al Consejo Escolar, y este, donde están representados los padres, votaba si lo quería. No elegía entre diferentes alternativas, sino que se posicionaba entre la propuesta planteada o dejar que fuera la conselleria la que decidiera.

«La alternativa es desplazarme 70 kilómetros o pagar una escuela privada»

«La situación es caótica, hay algunos padres que no llevarán a sus hijos al colegio a modo de protesta», se indignaba una vecina de Calpe miembro de la plataforma Igualdad Lingüística y afectada por la aprobación in extremis del decreto ley de plurilingüismo tras ser conocedora de la decisión de Les Corts del pasado viernes.

La situación en Calpe y muchos otros municipios de la Comunitat Valenciana «es insostenible». Actualmente la localidad alicantina dispone de cuatro centros cuya enseñanza para tres años el próximo curso será completamente en valenciano, lo cual deja en un entresijo a numerosas familias que desean otra educación para sus hijos. «La alternativa es desplazarme 70 kilómetros hasta Alicante todos los días o pagar mucho dinero para ir a un colegio privado», comentaba preocupada esta afectada ante el inicio del próximo curso 2017-2018.

«Llegué a preguntar a la profesora si a aquellos niños que no entendieran el valenciano les iban a ir traduciendo, y me contestó que debían acostumbrarse, que eran una esponja», alegó aquella docente.

Por otro lado desde la plataforma No al decretazo Sí a la elección, muy crítica con el modelo del Consell, califican la aprobación del decreto ley como «un sistema lingüístico impuesto y completamente desproporcionado». La asociación denunció que los centros «han terminado sucumbiendo al chantaje del artículo 15 del decreto de plurilingüismo», y relató que la conselleria preveía dar un trato preferente a centros que implantaran niveles avanzados de valenciano.

«No es plurilingüismo, sino 'timolingüismo'» señalaron las mismas fuentes. Se trata de unas medidas que llegan apenas cuatro días antes del comienzo de las clases, y por ello la plataforma «confía» en que los partidos políticos con representación parlamentaria «trasladen urgentemente esta situación al Tribunal Constitucional», ya que muchos niños «se verán obligados a sustituir su lengua materna».

El objetivo es «evitar en las zonas donde existe una convivencia de dos lenguas que los derechos lingüísticos y educativos de los castellanohablantes se vean discriminados», dijeron desde la plataforma. Algo que a su juicio está sucediendo en la Comunitat, lo cual consideraron «inadmisible». Por último señalaron que el curso empieza en un ambiente de «crispación».

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