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Montón extiende la sanidad gratuita tras llegar a 28.000 inmigrantes en la Comunitat

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Ana Barceló recuerda que el Constitucional anuló el decreto del Consell y aboga por unificar la normativa entre las autonomías para evitar la inseguridad

LAURA GARCÉS

VALENCIA.

Viernes, 29 de junio 2018, 00:44

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Atención sanitaria gratis para extranjeros en situación irregular en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. La medida, que en 2015 empezó a aplicarse en la Comunitat Valenciana se extiende ahora a todo el territorio español. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, lo anunció la semana pasada y ayer llevó la propuesta al Consejo Interterritorial de Sanidad, órgano en el que están representadas todas las Comunidades Autónomas.

La medida supone extender a toda España una iniciativa que la ahora ministra estrenó en la Comunitat nada más llegar a la Conselleria de Sanidad en 2015. Desde entonces en el territorio valenciano 28.898 personas se han podido beneficiar de la decisión del Consell, lo que se traduce en la entrega de tarjeta sanitaria (SIP) a todos ellos.

La reunión de ayer sólo contenía un punto en su orden del día: la universalidad de la sanidad. Y en el encuentro, tal como informaron desde el Ministerio de Sanidad, la titular de la cartera del Gobierno abordó con los consejeros la propuesta para modificar el la normativa vigente a fin de extender el acceso a la salud «normalizado a toda la población». La norma que se tendrá que modificar es el Real Decreto 16/2012, que estableció la condición de asegurado para ser beneficiario de la sanidad pública.

La propuesta que ahora plantea el Gobierno pasa por modificar el Real Decreto. Desde el ministerio explicaron ayer en un comunicado que «se modificará el concepto de asegurado, y se asociará la cobertura sanitaria a la ciudadanía y la residencia». Para cumplir con los trámites se ha previsto la constitución de una comisión mixta con entidades en defensa del derecho al acceso a la atención sanitaria universal.

Experiencia en la Comunitat

Carmen Montón explicó que la iniciativa responde a «una cuestión de decencia, pero también de salud individual y colectiva». El documento plantea la «recuperación del derecho a la proyección de la salud y la asistencia sanitaria normalizada en el Sistema Nacional de Salud para las personas extranjeras no autorizadas ni registradas, es decir en situación irregular».

La Comunitat Valenciana ya tiene experiencia. En 2015 el Consell aprobó el decreto de universalización de la sanidad, que implicaba la atención a extranjeros en situación irregular. La norma tropezó con un recurso del Estado que terminó en la anulación por parte del Tribunal Constitucional. Pero en la Comunitat se siguió prestando la asistencia en virtud de una instrucción.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, recordó ayer que el decreto ley del Consell «fue derogado por el Tribunal Constitucional por lo que estamos trabajando desde las diferentes comunidades mediante instrucciones que nos permiten ofrecer atención integral a cualquier persona, pero bajo cierta inseguridad». Ante esta circunstancia puntualizó que es «importante que se normalice y homogeneice una normativa entre todas las Comunidades Autónomas».

Según los datos que ayer facilitó el departamento autonómico, hasta ahora en el territorio valenciano 29.898 personas se han beneficiado de «la universalidad de la atención sanitaria». De ellas, 23.185 «siguen teniendo una asistencia sanitaria integral gracias a esta medida y el resto han evolucionado hacia otras modalidades tras regularizar su situación administrativa».

En el marco del Consejo Interterritorial de ayer, la titular del departamento autonómico recordó que en la Comunitat se está aplicando la sanidad universal y «vamos seguir trabajando y atendiendo a cualquier persona que lo necesite». Recalcó que de no haberse aplicado ese principio en la Comunitat Valenciana no se habría podido atender a los refugiados que llegaron al puerto de Valencia en los buques Dattilo, Aquarius y Orione: «Pudimos atenderles en nuestros hospitales, cada uno de ellos recibió una tarjeta para su atención con un SIP. Fueron atendidos como correspondía, como ciudadanos».

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