El ministro Catalá vincula el decreto con las «presiones nacionalistas»

Catalá hizo estas afirmaciones durante el debate que mantuvo en el Congreso de los Diputados con Compromís a propósito de las normas autonómicas que el Gobierno recurre al Tribunal Constitucional (TC). Justo ayer se conoció la admisión a trámite del recurso contra la ley valenciana de designación de senadores territoriales. El diputado alicantino Ignasi Candela denunció que el ejecutivo abusa, a su juicio, de su capacidad para que se suspenda una norma mientras se resuelve el recurso, por lo que pidió cambios para evitar este automatismo.

En su respuesta, el ministro aprovechó para censurar cómo se está legislando en la Comunitat. «Seguramente los valencianos se merecen más seguridad jurídica, menos improvisación y menos uso interesado de las normas, que no están para jugar a la política», dijo. En este punto se refirió al decreto plurilingüe, suspendido cautelarmente por el TSJCV y que suma una decena de recursos, asegurando que «no es un ejemplo» de que se busque el diálogo y el acuerdo el hecho de aprobar normas «que generan litigiosidad».

«Le recomiendo que para arreglar los problemas de las relaciones institucionales piensen en el interés general y de los valencianos, no en objetivos políticos partidistas y tampoco en presiones nacionalistas», señaló el ministro.

En este sentido, algunas de las entidades críticas con el modelo lingüístico del Consell pidieron al Gobierno que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de septiembre -que no es lo mismo que una cuestión como la que solicita la Diputación-, si bien no se ha dado el paso. De hecho, desde el Ministerio de Educación se ha mantenido un perfil discreto en relación a la polémica del último año, pues más allá de pedir aclaraciones sobre la normativa inicial, la de febrero, no llegó a presentar recurso. Esto ha provocado críticas de Ciudadanos, que ha acusado a Méndez de Vigo de «tibieza».

Volviendo al debate de ayer en el Congreso, Catalá repasó las cifras de recursos que se han interpuesto las administraciones central y autonómica en los últimos mandatos, así como las ocasiones en que se ha evitado la litigiosidad mediante una negociación previa. En la décima legislatura, por ejemplo, de once procedimientos en nueve hubo acuerdo y dos terminaron en recurso.

El diputado de Compromís denunció sin embargo que las comunidades no tienen más remedio que intentar un acuerdo porque el Gobierno, dijo, «plantea un chantaje», en el sentido de que si no hay pacto se planteará recurso al TC, se pedirá la suspensión y esta puede prolongarse muchos meses.