Un millar de profesores irán a los tribunales si pierden su empleo por el valenciano

Decenas de profesores interinos exhiben pancartas durante una protesta a finales del mes pasado en la Conselleria de Educación. / lp

La Red Asociación de Docentes Interinos anuncia que unos 1.200 docentes acudirán al TSJ si se les saca de la bolsa

J. A. MARRAHÍ /EP

valencia/alicante. Un nuevo frente judicial se avecina para la cartera de Educación que encabeza el conseller Vicent Marzà. Como ya publicó LAS PROVINCIAS, más de un millar de profesores interinos tienen su puesto en el aire al no tener la capacitación de valenciano que exige la Conselleria de Educación. «Los datos que nos facilitó la conselleria hablaban de 1.241 interinos que ocupaban vacante este curso y no cumplen el requisito. Por tanto, dejarán de trabajar. La gran mayoría tienen más de 45 años y más de una década de experiencia docente. Por desgracia, es un colectivo que tendrá muy difícil encontrar un hueco en el mercado de trabajo», explicó hace un mes a este periódico Pepe Gil, secretario de Enseñanza de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT. Su fecha límite llega y los docentes han anunciado que irán a los tribunales a partir del próximo mes de septiembre si no pueden seguir trabajando por no tener la 'capacitació' lingüística.

Así lo aseguró ayer Virgilio López, representante de la plataforma Red Asociación de Docentes Interinos de la Comunitat. Agregó la voluntad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en caso de ser desactivados de la bolsa, así como de reclamar ante la justicia comunitaria «las garantías que Europa exige a España».

López se expresó en estos términos ante los medios de comunicación tras mantener una reunión en Alicante con la diputada y responsable de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, y con la síndica del grupo parlamentario de la formación naranja en Les Corts, Mari Carmen Sánchez. La plataforma de interinos confirma la cifra de 1.200 docentes afectados que ya adelantó este diario, la mayor parte en zonas castellanoparlantes, como apuntó el representante de los profesores.

Estos interinos, explican, «tienen una media de 20 años trabajados y algunos antigüedad de más de 30 años» Y, según lamentan, esta exigencia afectará a su jubilación con indemnizaciones que podrían ascender hasta los 60.000 euros, según calcularon.

López considera que cambiar a una persona ya curtida por otra sin experiencia es «una auténtica barbaridad», además de criticar que en septiembre se tendrá que crear una «bolsa de urgencia» en algunas especialidades porque no se van a poder cubrir las plazas. Por ello, los interinos consideran que se trataría de un despido «improcedente» y que «atenta contra el acuerdo marco de 1999/70 de la Comunidad Económica Europea», que establecía que se exija lo mismo al funcionario fijo que al interino, algo que, a su entender, con el requisito lingüístico no ocurre.

Las representantes de la formación de Ciudadanos elaborarán una batería de preguntas parlamentarias para intentar conocer «qué soluciones tienen pensadas los gobiernos autonómico y central ante esta situación, que supone una verdadera injusticia para muchos profesores que llevan trabajando muchos años y que se van a quedar en la calle».

El coste de los despidos

Entre ellas, Sánchez destacó que preguntarán al Consell si tienen planeado «cuánto puede costar a la Comunitat el despido de esos profesores», porque tienen claro «que no va a ser barato» y sería un «duro varapalo» a las arcas autonómicas.

La Conselleria de Educación difiere de estos postulados. El conseller Marzà ha defendido en varias intervenciones que la exigencia se deriva de una orden del PP que era más restrictiva, pues les expulsaba de la bolsa. Mantiene que ellos han optado por desactivarlos de manera que recuperarían su puesto una vez consigan los requisitos lingüísticos exigidos.

Javier González, responsable de Enseñanza Pública en UGT-PV, matizó que, aunque consigan los títulos en las pruebas de septiembre, habrán pasado las adjudicaciones de julio y las de inicio de curso, por lo que sólo podrían optar a sustituciones, no a plazas de curso completo. Con el agravante de que, en el próximo ejercicio, los interinos pueden repetir en el puesto un año más, lo que reducirá las vacantes en adjudicaciones futuras. El sindicato reclama a Educación ampliar la moratoria dos cursos más, eximir de la exigencia a los mayores de 50 años con al menos diez de experiencia y permitir la elección de plaza en zonas castellanoparlantes, así como impulsar un plan formativo con antelación suficiente. «Hay particularidades en estas zonas», razonó.

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