El caso del metro aguarda respuestas

El pasado 24 de enero fue el día señalado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial para deliberar y acordar el fallo frente a las apelaciones de la fiscalía y de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) ante el sobreseimiento provisional dictaminado por el juzgado de instrucción número 21. La sesión de votación llegó después de casi medio año de paralización del proceso de recurso, como consecuencia del incidente de recusación planteado por los ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) contra el magistrado ponente, José María Tomás y Tío. La deliberación quedó aplazada hasta que la Audiencia corroboró la plena objetividad de Tomás y Tío en la causa, tras ser cuestionado por los investigados por participar, entre otras cosas, en el acto de presentación de la Fundación por la Justicia de un documental en honor a las víctimas del siniestro con 43 muertos.

El magistrado siguió adelante con la ponencia del veredicto de la Audiencia y en la sesión de finales de enero debió tener ya una respuesta cerrada del tribunal a los recursos de la acusación particular y fiscal. Ambos pedían que se retomara la instrucción para practicar más pruebas.

El archivo se basó en tres argumentos: «no estar acreditado que en el acaecimiento del accidente tuviese incidencia un fallo o mal estado del material móvil o de la infraestructura; sin que sea constitutiva de infracción penal la ausencia de medidas de seguridad adicionales a las que ya existían; y sin que se pueda establecer relación alguna entre el accidente y la formación y capacitación del maquinista».

En su recurso, el fiscal instó a llevar nuevas diligencias de investigación, entre ellas una pericial elaborada por cuatro ingenieros de la Universitat Politécnica de Valencia y Barcelona, así como expertos de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria.

Tanto la fiscalía como la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio (AVM3J) criticaron la «falta de objetividad» de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, organismo autor del informe que descartó que hubiera peligro en la curva escenario del siniestro, así como que fuera necesaria una baliza antes del punto del vuelco de la UTA 3736.

Otro abogado presente en el proceso apunta otro dato a tener en cuenta para valorar el tiempo que puede prolongarse la decisión de la Audiencia: el año pasado ya tardó alrededor de tres meses en responder a una petición del ministerio público reclamando nuevas pruebas en la instrucción. La dilación en la toma de decisión puede responder a una notable intención de dotar la resolución de una férrea argumentación jurídica, ya sea para reabrir el caso o para confirmar su cierre.

El juzgado archivó la investigación por segunda vez hace menos de un año. Fue en mayo de 2017 cuando la juez instructora dio por cerrada la instrucción al concluir que no existen responsables penales del accidente porque, según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones, el trazado, las traviesas y otros elementos estaban en condiciones suficientes para mantener la seguridad de la marcha a 40 kilómetros por hora, velocidad fijada en el tramo del siniestro en el que volcó el convoy cuando circulaba a 80 km/h.