Más de tres mil menores al año cumplen condena judicial tras cometer una infracción

Vecinos de Llíria protestan contra la futura instalación del centro de recepción de menores tutelados de la localidad /LP
Vecinos de Llíria protestan contra la futura instalación del centro de recepción de menores tutelados de la localidad / LP

Los adolescentes tienen que acudir a centros especializados, prestar servicio en beneficio de la comunidad o están en libertad vigilada

Daniel Guindo
DANIEL GUINDOValencia

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves en Alicante a tres jóvenes de 16 y 17 años por, presuntamente, asaltar violentamente a dos chicas para sustraer a una de ellas un teléfono móvil de alta gama, según informaron ayer fuentes de este cuerpo policial. Los agentes, tras investigar los hechos, encontraron a los chicos en un centro de menores y, al comprobar que coincidían con las características aportadas por las víctimas, fueron arrestados y trasladados a dependencias policiales como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Los detenidos, de nacionalidad marroquí, pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores.

Hechos similares a este o infracciones relacionadas con provocar daños a la propiedad, protagonizar hurtos, lesiones, maltrato familiar, robos con fuerza o intimidación, y agresiones físicas o verbales a sus progenitores, originan que más de 3.000 menores al año residentes en la Comunitat sean condenados por un juez a cumplir una medida en medio abierto, es decir, tener que asistir a un centro de día, someterse a programas formativos o educativos o la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad.

En concreto, según los datos proporcionados a LAS PROVINCIAS por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 3.006 menores en 2016 (último dato disponible) fueron condenados por un juez a cumplir una de estas medidas. La mayor parte de ellos (2.404) eran chicos. La tendencia de los últimos ejercicios es a la baja, por lo que ha pasado de los 3.522 de 2014 a los 3.244 del año siguiente.

Las infracciones más habituales son por daños, hurtos, lesiones o agresiones familiares

Estos menores infractores tienen que cumplir una o varias medidas judiciales en medio abierto, es decir, aquellas que no implican el internamiento del menor en un centro. Por ejemplo, en los casos en los que existe consumo de alcohol o drogas, los infractores deben asistir periódicamente a un centro especializado en el tratamiento de estas adicciones y en alteraciones psíquicas. Otras medidas son también la asistencia a centros en los que se realizan actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales y hasta de ocio. Como complemento a estas, el juez puede decidir también que el menor cumpla una medida de libertad vigilada en la que, por ejemplo, se le prohibirá acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, así como ausentarse de su residencia sin autorización.

Los premios Raquel Payá quieren reconocer el esfuerzo de superación de estos menores

En esta línea, el juez también puede optar por decretar, durante un determinado periodo de tiempo, la convivencia del infractor con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo seleccionado para orientarle en su proceso de socialización. Completan el abanico de posibilidades la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad o la de tareas socio-educativas determinadas.

Desde la conselleria, por su parte, quieren también poner el acento en reconocer el esfuerzo que buena parte de estos menores realizan para tratar de reconducir su situación. En esta línea, el pasado martes el departamento hizo entrega de los premios Raquel Payá a jóvenes que cumplen estas medidas en centros socioeducativos y que han destacado por su trabajo y esfuerzo de superación personal. Estos galardones quieren premiar comportamientos y actitudes de generosidad, respeto y convivencia en los menores.

Un informe técnico desaconseja instalar el centro de recepción en el edificio de Llíria

«Desde un punto de vista geotécnico», el suelo «no es apto para la cimentación». Así lo apunta el informe preliminar elaborado por una empresa especializada el pasado mes de diciembre para analizar la idoneidad de instalar en las viejas celdas del reformatorio de Llíria el futuro centro de recepción de menores tutelados por la Generalitat. Además, una ampliación del citado informe preliminar sobre el estado de la estructura pone en evidencia que «todavía es peor que el primero», según fuentes del grupo municipal popular.

En concreto, indica que el cemento es «aluminoso», que el hormigón de las viguetas es «blando», que los forjados «no cumplen» las solicitaciones requeridas para el uso al que va destinarse el edificio y que la cimentación «transmite tensiones al terreno mucho mayores a las admisibles, por lo que no se cumplen las comprobaciones con la norma actual».

Al conocer el contenido de estos informes, la concejal popular de Llíria Remedios Mazzolari, puso el grito en el cielo y advirtió que con los 900.000 euros previstos para la rehabilitación del inmueble no se van a poder solventar todos los problemas que presenta ya que, «en circunstancias normales se concluiría que lo que se tiene delante es un edificio en estado de ruina», por lo que, en su opinión, «saldría más barato demolerlo y hacer un inmueble en otro sitio».

Además de los problemas del edificio, la Generalitat y el Ayuntamiento de Llíria se enfrentan a otra cuestión. Las crecientes protestas de vecinos de la localidad (que suelen concentrar a unos 300 asistentes) en contra de que se instale en el municipio el centro de recepción de menores de la provincia de Valencia, actualmente en Buñol y que, con anterioridad, se ubicaba en el valenciano barrio de Monteolivete. Los residentes, además de las concentraciones periódicas que celebran a las puertas del Consistorio, y en las que piden la dimisión del alcalde, Manuel Civera. Los vecinos, asimismo, están recogiendo firmas y organizando charlas para informar de la situación.

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