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Vicent Marzà, durante su comparecencia tras el pleno del Consell para explicar la maniobra. juan carlos cárdenas/efe
Marzà evita con un decretazo el caos de otra matriculación por su modelo lingüístico

Marzà evita con un decretazo el caos de otra matriculación por su modelo lingüístico

El Consell renuncia a implantar su sistema en la mayoría de los cursos y vuelve al del PP a partir de 2º de Infantil

JOAQUÍN BATISTA

VALENCIA.

Sábado, 2 de septiembre 2017, 00:55

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El Consell desveló ayer qué modelo lingüístico aplicarán los colegios el curso que viene. La incógnita se conoció a once días de empezar las clases, coincidiendo con la vuelta del profesorado y dos meses después de que la suspensión cautelar de su decreto fuera confirmada por el TJSCV.

La solución ideada no deja de ser sorprendente, pues se opta por un decreto ley, una herramienta legislativa reservada para casos excepcionales, que no requiere de negociación y que puede implantarse de manera exprés. Sólo afectará a las aulas de tres años (y a las experimentales de dos) y su vigencia será de un ejercicio, el 2017-2018, mientras que el resto de cursos (de 2º de Infantil -cuatro años- hasta 6º de Primaria) aplicarán los mismos planes y modelos que venían funcionando en los últimos años. En síntesis, la jugada afecta únicamente al alumnado que ha entrado por primera vez al colegio.

El modelo lingüístico derivado del decretazo crea tres programas, A, B y C, que se corresponden, de manera exacta, con los niveles Avanzados, Intermedios y Básicos respectivamente, que eran los recogidos en la normativa suspendida cautelarmente. Se asignarán en función de lo que cada centro ofreció de cara a la admisión, que se hizo con los últimos programas citados, pues entonces no estaban afectados judicialmente. Por ejemplo, si un colegio ofertaba un Avanzado, le corresponderá aplicar un programa A. La maniobra, en la práctica, implica mantener el mismo modelo que emanaba del decreto, pero a través de una norma nueva libre de medidas judiciales.

El objetivo de este parche vía decreto ley lo trasladó ayer Vicent Marzà, que compareció tras el pleno del Consell: «garantizar un normal inicio del curso escolar respetando lo que las familias escogieron para evitar que se tenga que repetir la matriculación». No se puede olvidar que aplicar la suspensión cautelar en tres años habría implicado cambiar los programas lingüísticos ofertados en la admisión para sustituirlos por los del modelo anterior, derivados del decreto de 2012 del PP.

Esto podría haber provocado quejas de padres e incluso recursos motivados por esta alteración, al cambiarse a posteriori lo que seleccionaron. Sin olvidar, además, que rehacer ahora la matrícula para que los padres eligieran otra vez es, temporal y materialmente, imposible. Cabe recordar que el Consell, tras conocerse la cautelar a finales de mayo y ratificarse un mes después, siempre ha rechazado esta posibilidad pese a ser reclamada por las organizaciones críticas con su modelo.

Marzà insistió ayer en que la jugada permite cumplir con la suspensión cautelar, que en realidad no habla de cursos ni niveles y sólo establece que el decreto de 2017 está suspendido y hay que volver al de 2012 para evitar un vacío legal. El conseller dijo que este se cubre con el decreto ley, aunque recoja la carga horaria en tres años que se regulaba en el modelo suspendido. La Diputación de Alicante, que consiguió la cautelar y que se amonestara a Educación por no cumplirla correctamente, dio a entender ayer que recurrirá de nuevo al tribunal si considera que se vulnera la paralización.

El decreto ley, la misma herramienta en la que se escudó el Gobierno para aplicar por vía extraordinaria diferentes recortes durante la crisis, sólo podría ser impugnado ante el Tribunal Constitucional, lo que restringe claramente el radio de acción al reservarse esta potestad a a 50 diputados, 50 senadores, al presidente del Gobierno o al Defensor del Pueblo. Marzà confió ayer en que no se llegue a esta situación «si no es que alguien quiere que el curso no empiece con normalidad». Para conseguirlo, el decreto ley se publicará en el Dogv lo antes posible y Les Corts, con mayoría de los partidos del Botánico, lo convalidarán antes de que empiecen las clases.

La comparecencia del conseller también sirvió para confirmar lo que ya se dijo el pasado 27 de julio, tras trascender el varapalo del TSJ que advirtió de que no se estaba cumpliendo la cautelar decretada: a partir de 2º de Infantil se aplican los programas lingüísticos vigentes hasta el curso pasado, el plurilingüe de enseñanza en valenciano y plurilingüe en castellano en lugar de los Avanzados, Intermedios y Básicos.

En este caso sí implica cumplir con la cautelar, y de paso, renunciar a uno de los objetivos del decreto, que inicialmente preveía que la adaptación a estos últimos, en el 2017-2018, incluyera a todos los cursos de Infantil. Además hubo más de 200 centros a los que se autorizó a adaptar también cursos de Primaria. Todo esto queda en stand by a la espera de las sentencias judiciales, y de manera indirecta, también se cumple con la prioridad de los padres de estos alumnos, que eligieron centro en las admisiones de años anteriores con unos programas lingüísticos determinados -los de 2012- que el decreto de 2017 sustituía por los nuevos. En resumen, los hijos de cualquier familia estudiarán en arreglo a lo que se eligió cuando entraron en la escuela, aunque no se puede olvidar que la intención inicial, cuando se aprobó el decreto suspendido, no era esta pues se preveía adaptar en un curso toda la etapa.

Este frenazo a los planes del Consell también se puede interpretar como una manera de no dar argumentos para que el TSJCV proteste (a instancias de alguna de las partes), pues no es lo mismo maniobrar para esquivar la cautelar argumentando que no se perjudica a las familias de alumnos de tres años que impulsar un decreto ley de mayor alcance que cubra todo Infantil.

Además, aceptar la suspensión provisional para la mayoría de los cursos implica también renunciar a la clave de bóveda del modelo lingüístico de Marzà: la vinculación entre la mayor exposición al inglés y el mayor peso del valenciano. Cabe recordar que esta se producía en Primaria, donde las clases ya se estructuran en asignaturas, y en los centros que habían avanzado la implantación a esta etapa, una posibilidad que queda anulada.

Por último, Marzà justificó su demora en informar de la solución adoptada en que estaban a la espera de que el TSJCV resolviera su último recurso, que sigue pendiente. También confió en que de cara al 2018-2019 su decreto esté vigente.

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