editorial: Marzà debe dimitir

La anulación parcial por el TSJ del decreto de plurilingüismo no es un contratiempo más, es una desautorización en toda regla

LAS PROVINCIAS
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La suspensión cautelar anticipaba lo que finalmente ha ocurrido y lo que el sentido común permitía pronosticar sin temor a equivocarse. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado parcialmente el decreto de plurilingüismo impulsado por el conseller de Educación, Vicent Marzà, y lo ha hecho con los argumentos que desde este periódico y desde distintos sectores de la sociedad se habían venido señalando. El principal es que con la excusa de favorecer a los alumnos que optaran por la enseñanza en valenciano se discriminaba a los de castellano, infringiendo la cooficialidad de las lenguas que establece el Estatuto de autonomía, así como el artículo 14 de la Constitución, que determina la igualdad de los españoles ante la ley. Reservar sólo para los valencianohablantes la acreditación en inglés –como pretendía el modelo ahora anulado– no es más que una trampa urdida por la conselleria de Marzá para acabar dando prioridad a una línea en detrimento de otra.

La sentencia del TSJ es algo más que un contratiempo para el conseller de Educación, el tripartito que gobierna la Comunitat Valenciana y su política de progresiva inmersión lingüística. Con el silencio, cuando no la complicidad, del PSPV, uno de los socios de la coalición –Compromís– está demostrando que su catalogación como partido nacionalista no es gratuita ni casual, porque su intento de imponer una de las dos lenguas cooficiales en detrimento de la otra es tan evidente como ilegal. La vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos –alumnos y padres– no podía pasar el filtro del poder judicial. A Marzà ya no le queda otro camino que el de la dimisión. Porque es toda la gestión del conseller, sus grandes proyectos, lo que ha sido paralizado en los tribunales. La sentencia que dictamina la anulación parcial del decreto así como el auto que obliga a volver al modelo plurilingüe de 2012 –el del PP– afecta de lleno a la línea de flotación de un proyecto tocado y hundido. Tanto, que su responsable no tiene más alternativa que la de marcharse a casa y reconocer su fracaso.

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