Marzà abre la puerta a un nuevo decreto de plurilingüismo tras los varapalos judiciales

El conseller y el director general Rubén Trenzano, ayer, con la camiseta de la campaña de promoción del valenciano. / EFE/Miguel Ángel Polo
El conseller y el director general Rubén Trenzano, ayer, con la camiseta de la campaña de promoción del valenciano. / EFE/Miguel Ángel Polo

El conseller se muestra dispuesto por primera vez a hablar con toda la comunidad educativa para cambiar su modelo

JOAQUÍN BATISTA VALENCIA.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, abrió la puerta ayer a cambiar el modelo lingüístico de las escuelas, recogido en un decreto suspendido temporalmente por la justicia, rechazado por parte de la comunidad educativa y que incluso puede estar cerca del Tribunal Constitucional. La norma podría ser sustituida por otra del mismo rango tras un nuevo proceso de negociación con todos los sectores de la enseñanza, tal y como se desprende de las declaraciones que realizó tras presentar la campaña institucional de promoción del valenciano en el Palau de les Arts. Si bien no dio pistas de por dónde irían los tiros, de poco serviría mantener la filosofía del primer decreto, pues daría continuidad al enfrentamiento que ha marcado el último año.

Preguntado sobre si se están planteando la opción de impulsar otra norma para cumplir el objetivo de que los alumnos dominen las lenguas oficiales y el inglés, evitando a la vez el choque con los sectores críticos, como ha sucedido, Marzà dijo que «harán lo que haga falta con el instrumento que haga falta» y que «hablarán con quien sea». También añadió que desde la conselleria consideran «que lo mejor es consultar a los expertos y adaptar lo que dicen a la realidad valenciana, para que sea realmente eficaz y se pueda aplicar en los centros educativos».

Para ello, insistió, es necesario potenciar la formación docente, tanto en lenguas como en metodologías, y defendió que con las iniciativas del Consell en este sentido ahora hay 14.000 profesionales reciclándose. «Creemos en las realidades y no sólo en las palabras para avanzar hacia el plurilingüismo», continuó. «No somos un gobierno que porque se haya hecho algo tenga que ser así sí o sí y se deba mantener. El objetivo es el plurilingüismo, no el instrumento, y haremos lo que haga falta», añadió, antes de ser preguntado de nuevo sobre si esto supone idear otro decreto. Marzà insistió en que harán «lo que haga falta».

Aunque es cierto que el conseller ya había deslizado con anterioridad la posibilidad de recurrir a otro instrumento normativo para avanzar en el dominio de las lenguas, la novedad de ayer radica no sólo en la claridad de lo expuesto, sino en que también abre la puerta a negociar otra vez con toda la comunidad educativa. Y hacerlo con los sectores críticos, aceptando revisar los aspectos más conflictivos del modelo, es la clave para evitar otro año perdido, o lo que es lo mismo, que un hipotético nuevo marco jurídico vuelva a enfangarse en los tribunales.

Algunos de los representantes del sector contrario al decreto de febrero coincidieron ayer en dos premisas necesarias para el consenso. La primera pasaría por dar autonomía para que los centros decidan el peso de las lenguas en función de su realidad geográfica y social, olvidando la vinculación entre el peso del valenciano y el del inglés. Teniendo en cuenta otras medidas desarrolladas por esta conselleria, como el decreto de Primaria, la flexibilidad de acción no es descabellada. Eso sí, la ley estatal obliga a unos mínimos de castellano, y el Consell seguro que plantearía un peso parecido o superior para el valenciano.

La otra pata no es tanto un deseo como una idea que ya tomaba forma: renunciar a que haya títulos de idiomas superiores para las escuelas con más valenciano. Esta medida del decreto ha sido anulada por el TSJCV tras el recurso del Csi·f, y la conselleria ya ha dicho que aceptaría que las certificaciones fueran automáticas para todos en función de las horas de inglés recibidas.

La opción de aferrarse al decreto de febrero implica riesgos, pues no es poca la presión ejercida a través de la vía judicial. Los reveses han sido varios, como la cautelar o la eliminación de las acreditaciones. Y quedan diez recursos pendientes que también cuestionan la vinculación entre valenciano e inglés.

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