Dos mil maltratadores incumplen cada año la orden de alejamiento sobre las víctimas

Carteles junto al colegio de Elda donde se produjo el crimen. / EFE
Carteles junto al colegio de Elda donde se produjo el crimen. / EFE

El Poder Judicial admite que todo asesinato es «un fallo del sistema» y aboga por endurecer las consecuencias en los casos de desobediencia

J. A. MARRAHÍ VALENCIA.

Llamadas telefónicas, mensajes de súplica o amenazantes, visitas al patio o lugares de trabajo, peligrosas reconciliaciones, merodeos en coche... Los quebrantamientos de medidas cautelares como el que la joven víctima de Elda denunció antes de morir asesinada están a la orden del día. Y lo peor, van en aumento. El año pasado se contabilizaron en la Comunitat 1.593 desobediencias de estas cautelas, la mayoría alejamientos, para que los sospechosos dejen en paz a las víctimas, según el Consejo General del Poder Judicial (GGPJ).

Incluso ya con una sentencia firme sobre sus espaldas, casi todas acompañadas de órdenes de alejamiento, la desobediencia entre agresores persiste. En la Comunitat, y de acuerdo con las mismas fuentes, fueron más de un millar los que se saltaron sus penas por casos violencia de género el año pasado.

El asesino de Elda lo hizo en dos ocasiones: la primera cuando propició contactos telefónicos con la víctima a través de terceras personas y, la segunda y definitiva, al aproximarse el miércoles a la joven, ya pistola en mano, para quitarle la vida mientras Jéssyca recogía a su hijo del colegio. Imanol C. S. había quedado en libertad un día antes y no el mismo día del crimen, como indicaron erróneamente fuentes policiales. Durante este año, el CGPJ cifra en 1.086 los casos de quebrantamiento de medidas detectados por la justicia en la región.

Dos claves

Víctimas.
El año pasado, el Poder Judicial contabilizó 18.000 víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana. Enel segundo trimestre del año, las denuncias crecieron un 14%.
Crímenes.
44 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en España, 5 de ellas en la Comunitat. En dos de los casos registrados en el país el agresor había quebrantado medidas cautelares con el consentimiento de la víctima.

Lanzamos la pregunta clave a María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio Contra la Violencia de Género del Poder Judicial. ¿Ha habido fallos en el caso de Elda? «Todos los asesinatos son fallos del sistema», reconoce. «No nos podemos permitir que si una mujer ha dado el paso de denunciar muera asesinada y debemos buscar soluciones».

En los últimos meses, alerta la experta judicial, «están creciendo en toda España los incumplimientos de medidas de protección sobre las víctimas, tanto en instrucción como después de la condena». Desobedecer un alejamiento o incomunicación se concibe como un delito más de violencia de género que supone ya casi un 8% de cuantos denuncian las mujeres.

Para Carmona, «el solo hecho de que un hombre se salte una medida cautelar muestra su rechazo a la autoridad judicial. Entiendo la indignación en el pueblo de Jéssyca, pues estamos todos sobrecogidos y con impotencia».

En Monforte del Cid, ni la alcaldesa ni los allegados a Jessy comprendían por qué estaba en la calle el hombre que ya fue condenado por lesionarla y ahora iba a ser juzgado de nuevo por amenazarla. En contra de la creencia popular, los jueces no siempre tienen la capacidad legal de encarcelar. «Podemos aumentar las distancias o adoptar otras medidas adicionales de oficio, pero la prisión la tiene que pedir el fiscal o la víctima». Según Carmona, «el juez no tiene una bola de cristal ni capacidad absoluta de valorar el riesgo de un sujeto y sería interesante una valoración forense de los sospechosos en estas situaciones que, por desgracia, no se implementa en todo el territorio nacional».

Un peligro «tangible»

Susana Gisbert, fiscal de violencia doméstica en Valencia, lo explica así: «Es frecuente que las desobediencias de los alejamientos se salden sin prisión». El encarcelamiento llega cuando, además de la aproximación o llamada, se generan «nuevas amenazas o lesiones, se detecta un peligro tangible para la víctima o hay antecedentes penales. Influyen muchos factores y depende de cada caso».

La joven de Elda dona sus órganos para trasplante

La familia de la joven de 28 años asesinada por su expareja en Elda ha donado sus órganos vitales para su trasplante. Fuentes conocedoras del caso aseguraron a Efe que los allegados de Jéssyca B. C. dieron su consentimiento tras ser informados por los médicos de la muerte cerebral de la joven, que permaneció casi un día en este estado en el hospital de Elda. La víctima, que residía en Monforte del Cid, recibió cinco impactos de bala y, al menos uno, le alcanzó en la cabeza. Sus lesiones eran de extrema gravedad e imposibilitaron su recuperación pese al esfuerzo de los médicos. La víctima estuvo conectada a una máquina hasta las cuatro y media de la tarde del jueves.

En otro caso de violencia machista, la Policía Local ha detenido en Valencia a un hombre que agredió a su mujer en la calle. Fue el jueves por la noche, en la calle Alta. Una testigo alertó a los agentes y éstos presenciaron cómo el sospechoso gritaba, insultaba y agredía a una mujer. Al detectar la presencia de los policías, intentó introducir a la víctima a la fuerza en un pub, pero se resistió. La mujer denunció malos tratos anteriores.

Pese a todo, Carmona admite que las cosas deben cambiar. Propone más pulseras de seguimiento en poblaciones pequeñas, pues el 72% de los crímenes se producen en núcleos reducidos «donde las víctimas son más vulnerables». También aboga por la libertad vigilada como medida cautelar ante quebrantamientos. «Aunque el maltratador quede libre, que sea con un policía sobre sus pasos. Hoy este sistema sólo se implanta tras la condena, pero no en instrucción, cuando el riesgo es muy elevado», razona. En suma, «endurecer las consecuencias del quebrantamiento». Entiende que debería ser «obligatorio» agravar las medidas más allá del mero alejamiento o incomunicación «al margen de la posición de fiscal o víctima». En definitiva, «que el agresor sienta de verdad que a la primera que desobedezca su situación va a ser más difícil».

«No pueden volver a ocurrir errores como los que se han producido en este asesinato», llegó a afirmar ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. «En la cadena, algo falló». Lo mismo opina la vicepresidenta Mónica Oltra: «Cuando una mujer ha denunciado los poderes públicos debemos ser capaces de protegerla. Algo ha fallado».

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