El Consell Jurídic cuestiona la reforma de la nueva ley urbanística

Obras de un plan de actuación paralizado por la crisis en Alzira. / Francisco García
Obras de un plan de actuación paralizado por la crisis en Alzira. / Francisco García

El órgano consultivo duda de la legalidad de algunos puntos clave de la modificación de la Lotup como la reversión de la parcelación

JUAN SANCHIS Valencia

Uno de los puntos de acuerdo básico de los partidos del Botànic fue rehacer el modelo territorial de la Comunitat Valenciana. Entre sus objetivos se encontraba la definición de una nueva política que terminara con lo que se ha venido a definir como el urbanismo depredador en favor de una estrategia territorial más sostenible y acorde con el paisaje.

Esta era una de las tareas encomendadas a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y a su titular, María José Salvador. Para ello, este departamento ha puesto en marcha en los últimos tres años medidas legislativas como la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) o la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup).

Todas ellas se han visto marcadas por la polémica, como en el caso del Pativel que ha enfrentado a la Conselleria con el sector promotor y ha movilizado a numerosos propietarios afectados por la nueva legislación. Ahora le toca el turno a la Lotup. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emitido su preceptivo informe en el que cuestiona, al margen de otras cuestiones de menor envergadura, la legalidad de al menos diez puntos de la reforma legislativa aprobada por el gobierno valenciano en mayo del año pasado.

El Jurídic considera esencial que se concrete en detalle el proceso de reversión

Las objeciones formuladas por el CJC hacen referencia a cuestiones como la atribución de competencias que corresponden a otras administraciones por parte de la Generalitat, a contradicciones con la legislación vigente o la vulneración de preceptos legales.

Uno de los puntos estrella de la reforma legislativa aparece recogido bajo la denominación del procedimiento de 'reversión de la reparcelación'. Con este tipo de actuaciones el Consell pretende salir al paso de una situación creada tras la crisis iniciada en 2007. Muchos Programas de Actuación Integrada (PAI) quedaron sin ejecutar o se encuentran paralizados sin expectativas de que puedan finalizarse.

Ante esta problemática, el Consell establece este procedimiento en el anteproyecto de reforma de la Lotup que permite devolver los terrenos a su estado, físico, jurídico y urbanístico inicial.

El CJC cuestiona este procedimiento y considera que su aplicación puede vulnerar la legalidad. El dictamen del Jurídic considera que se trata de un procedimiento complejo, especialmente en aquellos casos en los que se ha empezado a desarrollar el programa. El informe advierte de que se prevé «toda la complejidad que puede derivarse de la vuelta atrás del proceso reparcelatorio».

Además, sostiene que la nueva legislación debe analizarse si los terrenos están o no reparcelados y en este último caso aclarar si los suelos afectados por la reparcelación inversa «sirve para un destino completamente diferente, como el del suelo rural».

Otro de los puntos que se tiene que incluir en la reforma, según el dictamen del Jurídic, es los terrenos que se hayan podido ceder a la administración para dotaciones públicas se tendrán que devolver al abandonarse el PAI. «Además, la reversión de la reparcelación se puede complicar si se ha producido la división de las parcelas (...) y se ha procedido a su venta a terceros de buena fe». La situación también se complica si los propietarios que han hecho pagos para la transformación urbanística «reclamaran su devolución ante la desclasificación del suelo».

En opinión del CJC, el texto de la nueva ley no prevé casos como el pago en terrenos, qué sucede en los casos de los adquirientes de buena fe o si el agente urbanizador se declara en concurso y sus parcelas pasen a formar parte de la masa concursal. En este sentido, el informe advierte del riesgo de que la administración pueda enfrentarse a indemnizaciones millonarias.

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