Justicia en la Comunitat con pies de barro

Goteras en la Audiencia de Alicante. /
Goteras en la Audiencia de Alicante.

Una década de promesas sin cumplir deja los juzgados en precario y con el triple de asuntos de los que pueden asumir

Arturo Checa
ARTURO CHECAValencia

Los hay que recogen muebles de la basura para usarlos como archivadores para sus papeles. Los hay sin alarma, sin cámaras de vigilancia y sin arcos de metales que detecten la posible entrada de armas. Los hay con goteras y filtraciones, tantas que amenazan con inundar y destruir archivos y pruebas judiciales. Los hay con ratas y cucarachas. Los hay con infinidad de barreras arquitectónicas para discapacitados y ancianos. No hablamos de viviendas particulares ni de recintos privados. Es el estado de deficiencias que presentan muchos juzgados de la Comunitat Valenciana, como se desprende de las memorias de los decanos de cada partido judicial, de las críticas sindicales o de las demandas de los abogados. Y no sólo eso, el aumento de la carga de trabajo por la crisis, más el colapso con las preferentes, unido a la falta de creación de juzgados sitúa la carencia de la Comunitat en unos 60 órganos, según los sindicatos. No se crean nuevos desde 2010. Mientras Justicia reclama 18 órganos al ministerio, la carga de trabajo es de un 180% superior a lo que marca el CGPJ en muchos juzgados, tres veces por encima de lo recomendado.

Mayo de 2008.

Arriba, el palacio de Benalúa. Abajo, a la izquierda, expedientes acumulados en el archivo de Alicante; a la derecha, archivadosvadores en el suelo y acumulados.

Mayo de 2015. El PSPV presenta su programa electoral para los comicios autonómicos que acabaría ganando el tripartito. De esa formación sale la hoy consellera de Justicia, Gabriela Bravo, la misma que esta semana no ha cesado de apagar fuegos -cierre, apertura y de nuevo cierre- en medio de la controversia tras el incendio que afectó a varios juzgados civiles de la Ciudad de la Justicia. De hecho, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria criticó ayer «la falta de la necesaria actividad de control y mantenimiento» por parte de la conselleria del edificio.

Al analizar el programa electoral de 2015 se lee: «Pondremos en marcha de forma urgente un Plan de evaluación y reparación inmediata de las sedes judiciales que presentan deficiencias de cualquier género». «Eliminaremos todas las barreras arquitectónicas en las sedes judiciales en las que existen». «Garantizaremos la separación entre víctimas y agresores para que no tengan que coincidir como ocurre hoy en día en muchas sedes judiciales». Son tres de los proyectos electorales recogidos en el programa del PSPV. Los tres, hoy siguen sin cumplirse.

Muebles de la basura para almacenar expedientes, cornisas a punto de caer, sumarios al acceso de cualquiera, sedes sin alarmas... Así están los juzgados valencianos

Una década de promesas incumplidas, gobierno tras gobierno, ha dejado el estado de la justicia en precario, con demarcaciones ruinosas en muchos casos y una ínfima seguridad. «Obras son amores, que no buenas razones. Hablan mucho pero luego no cumplen lo prometido», es el sarcástico comentario de Rafael Bonmatí, decano del Colegio de Abogados de Valencia. La polémica sobre el precario funcionamiento de la alarma antiincendios de la Ciudad de la Justicia o la ausencia de planes de evacuación en el edificio que se supone joya de la corona de la Justicia de la Comunitat no es una excepción en el panorama de deficiencias del sistema judicial de la región. Hasta seis sedes de juzgados (Nules, Massamagrell, Catarroja, Mislata, Moncada y Alicante) sufren falta de alarma, ausencia de cámaras de vigilancia, inoperatividad o mal funcionamiento de los arcos de seguridad. En muchos, la plantilla de vigilancia está integrada sólo por tres agentes.

La hemeroteca sirve para comprobar otra prueba del histórico abandono que sufren los juzgados de la Comunitat. Una fotografía en el archivo de LAS PROVINCIAS ilustra un gigantesco trozo de cornisa caído en el Palacio de Benalúa, sede judicial de la ciudad de Alicante (una de las prometidas desde hace una década). La instantánea es de 2012. La memoria del TSJCV del año pasado atestigua hasta qué punto la situación sigue igual. «Hay problemas arquitectónicos muy graves y peligrosos, como cornisas que se caen, grietas en techos y paredes e innumerables baldosas despegadas por el edificio», es el relato del decano de Alicante en el informe anual. Las patadas a la ley de protección de datos son constantes en una buena parte de las sedes. Llíria, Xàtiva, Sagunto, Gandia, Ontinyent, la Vila Joiosa o la propia ciudad de Alicante son algunas sedes en las que, o bien los archivos están accesibles a mano de cualquier ciudadano o profesional, o bien no disponen de trituradoras de papel para destruir aquellos documentos con datos más sensibles y que no pueden ser arrojados sin más a los contenedores.

Sin refuerzo de funcionarios y bajas por cubrir

El juzgado número tres de Requena es el vivo ejemplo de la falta de refuerzo en muchos órganos. El incendio de Cortes de Pallás ocurrió en 2012, arrasó 30.000 hectáreas y dejó 3.000 afectados. «No tenemos ningún funcionario de refuerzo», lamenta la juez decana. Las bajas de funcionarios se cubren «pero con la burocratización tardan meses, y eso crea atascos», dicen desde CSI-F.

La escasez de mobiliario es tan sangrante en algunos juzgados que da pie a escenas casi surrealistas. En Massamagrell «llegan a coger muebles de la basura para emplearlos como archivadores en los que pones los expedientes, o baldas apoyadas en ladrillos como en Quart», critica el representante sindical de Justicia de CSI-F. Y, mientras, «en los pisos superiores hay un montón de muebles nuevos, embalados, sin usar, para un nuevo juzgado que se iba a crear, pero al final no entró en marcha; cuando les pedimos usar los muebles para el juzgado en marcha, nos dicen que no puede ser, que estaba presupuestado para el nuevo, que no existe», critica Antuña. La antigüedad de las herramientas informáticas es otro de los males endémicos y extendidos en el panorama judicial valenciano. La aplicación Cicerone 19 es la que se utiliza en todos los partidos judiciales de Valencia, «pero no deja de crear atascos y colapsos», subraya el representante sindical. En la capital no está implantada «por los reparos al tratarse de un volumen de asuntos tan grande que colapsaría más la aplicación, así que hay incompatibilidades con otros partidos». El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, incide en su memoria en la premura de esta renovación. «Es necesaria una modernización de las herramientas informáticas, hoy muy obsoletas, que provocan numerosas disfunciones y retrasos en los juzgados», subraya. Desde la Conselleria de Justicia ponen el acento en algunos de los logros de sus dos años de gobierno. Destacan la renovación de 6.000 ordenadores o la implantación de la cita previa electrónica en todos los registros civiles. En otras áreas, el Consell subraya los 31 millones para los abogados de oficio (un 3% más que el año anterior, con una reunión mañana lunes entre la consellera Bravo y el decano Bonmatí con petición de financiación para los letrados). Pero en la gran mayoría del informe de 'Actuaciones de la Conselleria de Justicia' hecho llegar a LAS PROVINCIAS se habla en futuro y de nuevo como promesas. Así se dice que «está en marcha» nueva sede en Mislata, que «se inicie el proyecto» del Palacio de Justicia de Alcoy, que «se está trabajando» para mejorar el Palacio de Benalua, que la Vila Joiosa «tendrá unas instalaciones en un ambulatorio», que «se inicia» el proyecto del Palacio de Justicia de Alzira, que ese año «se abordará» la reforma de la sede del TSJ o que «se dotará» a Gandia de un edificio para la fiscalía.

Ni siquiera órganos tan sensibles como los juzgados de violencia sobre la mujer se cuidan. Muchos no están especializados y se colapsan. Y no garantizan la básica separación entre víctima y maltratada, una de las promesas incumplidas por este Consell. Una más en una década.

El PP critica la «caótica gestión» del Consell

La portavoz de Justicia en el PP en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, denunció la «negligencia, caótica gestión y opacidad informativa» tras el incendio de la Ciudad de la Justicia que ha paralizado cientos de trámites. «Bravo habla, pero no informa: ni causas, ni razones, ni efectos», sentenció la diputada. «No sabemos si el Consell ha hecho un mantenimiento adecuado», añadió San-Segundo.

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