Los jueces acusan al Consell de incumplir la suspensión y le obligan a volver al modelo del PP

César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante. / á. d.
César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante. / á. d.

El tribunal apunta al secretario autonómico Miquel Soler como responsable de que no se haya acatado el auto de paralización

D. GUINDO VALENCIA.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el plurilingüismo no fue el único varapalo judicial que se llevó ayer la Conselleria de Educación. El TSJ también emitió un auto en el que ordena al departamento de Vicent Marzà a retrotraerse a la situación previa a la aprobación del decreto de plurilingüismo, que el Alto Tribunal suspendió cautelarmente, y, por tanto, aplicar la normativa anterior a éste, como son los decretos de 2012 y 1997, de la etapa del Partido Popular

El TSJ considera que la Administración autonómica no está cumpliendo el auto que suspendió cautelarmente el decreto de plurilingüismo, pese a las explicaciones aportadas por la conselleria tras el requerimiento del tribunal de la semana pasada, en el que le preguntaba por las acciones que estaba llevando a cabo para cumplir la paralización provisional del decreto y le pedía que identificara a los cargos responsables de hacer cumplir el auto de suspensión para exigir responsabilidades en el caso de que se apreciara desobediencia.

Sin embargo, el TSJ considera que la Conselleria de Educación no está cumpliendo el auto que suspendió cautelarmente el decreto de plurilingüismo y recuerda que dicha paralización afecta a la integridad del decreto y deja sin efecto todo lo acordado al amparo del mismo. La resolución subraya que la suspensión del decreto «afecta a la totalidad del mismo y a todo lo que hubiera podido realizarse a su amparo, no solo a la notificación de los autos de suspensión». «Todo lo que regula el decreto debe dejarse sin efecto y retornarse a la legalidad anterior», incide.

Respecto a la autoridad o funcionario responsable del cumplimiento de la suspensión, la sala identifica al secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, por ser quien firma el informe que se presentó al TSJ.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, instó ayer al Consell a «volver a la legalidad» en materia educativa y a «aplicar el decreto sobre el modelo lingüístico del año 2012 que tan buenos resultados educativos ha dado en la Comunitat». Sánchez recordó que «todo lo que el decreto -del plurilingüismo- regula debe dejarse sin efecto y retornarse a la legalidad anterior», a la normativa lingüística de 2012 de la anterior Administración autonómica. La institución provincial recurrió el decreto y solicitó la suspensión cautelar que aprobó el TSJ.

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